Redacción Diario El Caribeño
La Corte de Apelación del Distrito Nacional confirmó 18 meses de prisión preventiva por presunta corrupción administrativa en perjuicio del Estado.
Santo Domingo.– La Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional ratificó la madrugada de este jueves la medida de 18 meses de prisión preventiva contra Santiago Hazim, exdirector del Seguro Nacional de Salud (Senasa), y otros seis imputados, acusados de presunta corrupción administrativa en un caso que habría provocado un perjuicio millonario al Estado dominicano.
El tribunal, presidido por la magistrada Isis Muñoz e integrado por los jueces Teófilo Andújar y Luis Omar Jiménez, rechazó la apelación interpuesta por la defensa, al considerar que no han variado las circunstancias que motivaron la imposición de la medida de coerción dictada previamente por el juez Rigoberto Sena, del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional.
Según la decisión, al evaluar el peligro de fuga, los jueces tomaron en cuenta no solo el arraigo de los imputados, sino también la gravedad de los hechos imputados, la pena aplicable y el daño económico alegadamente causado al Estado, en apego al principio de igualdad ante la ley.
De acuerdo con el Ministerio Público, la estructura investigada habría operado entre los años 2020 y 2025, generando un presunto fraude superior a RD$15,900 millones dentro del sistema público de riesgos de salud.
Los imputados enfrentan cargos por coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, estafa contra el Estado, desfalco, sobornos, lavado de activos, así como falsificación y uso de documentos falsos.
Además de Hazim, figuran como acusados Rafael Luis Martínez Hazim, Speakler Mateo, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez y Ada Ledesma Ubiera.
En tanto, a Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo y al empresario Eduardo Read Estrella se les impusieron medidas consistentes en arresto domiciliario, impedimento de salida del país, presentación periódica y una garantía económica.
Con esta decisión, la Corte de Apelación mantiene las medidas de coerción impuestas mientras avanza el proceso judicial, en uno de los casos de presunta corrupción administrativa de mayor impacto económico vinculados al sistema público de salud.
