El reciente comentario del diputado Jorge Frías, del Partido Revolucionario Moderno, vuelve a colocar sobre la mesa un problema que el gobierno no puede seguir ignorando: la incoherencia entre el discurso del Poder Ejecutivo y la conducta pública de parte de su dirigencia política.

Mientras el presidente Luis Abinader ha insistido en proyectar una imagen de institucionalidad, respeto a la prensa, transparencia y modernización del Estado, declaraciones como esta generan el efecto contrario. No porque representen una política oficial, sino porque alimentan una percepción peligrosa: la de un gobierno que no logra alinear a los suyos.

El fondo del mensaje del legislador revela una preocupación legítima: la filtración de información interna. Sin embargo, la forma en que se expresa —hablando de descuentos, castigos futuros y expulsión— reactiva prácticas que el propio partido prometió dejar atrás. En democracia, la disciplina política no puede confundirse con intimidación, ni la lealtad con silencio forzado.

Más preocupante aún es el daño colateral que este tipo de declaraciones provoca. No golpean solo al autor del comentario; erosionan la imagen del gobierno completo y colocan al presidente en una posición incómoda, como si estuviera solo defendiendo una narrativa institucional que otros desbaratan con una sola frase.

En política, la comunicación no es un accesorio: es poder. Cuando diputados y funcionarios emiten mensajes que contradicen la línea presidencial, le hacen un favor a la oposición y un daño al proyecto político que dicen defender. El resultado es un gobierno que parece hablar con dos voces: una que construye y otra que sabotea.

Este episodio deja una lección clara. Si el presidente apuesta por un Estado moderno y democrático, su propio partido debe entender que cada micrófono es una responsabilidad. De lo contrario, la pregunta dejará de ser qué hace la oposición para debilitar al gobierno y pasará a ser: ¿quiénes dentro del oficialismo están haciendo ese trabajo?