En cada visita a un supermercado en República Dominicana hay una escena que se repite, casi automática, casi invisible.
Un joven —muchas veces adolescente— se acerca, saluda con respeto, toma las fundas y comienza a empacar. Al final, no recibe un salario. No firma un contrato. No tiene seguridad social.
Depende, exclusivamente, de la voluntad del cliente para llevar algo a casa.
Pero detrás de esa imagen cotidiana se esconde una realidad mucho más compleja, que como sociedad hemos comenzado a normalizar sin cuestionarla.
Trabajan… pero no son empleados
Estos jóvenes, conocidos como empacadores, no forman parte de una nómina formal. No tienen derechos laborales, ni estabilidad, ni garantías.
Y lo más preocupante no es solo eso.
En muchos casos, ni siquiera permanecen el tiempo suficiente para aspirar a esos derechos.
Existe una práctica que, aunque no siempre se dice abiertamente, se repite con frecuencia:
son retirados antes de cumplir tres meses, evitando así que puedan adquirir derechos establecidos en el Código de Trabajo.
No hay contrato.
No hay liquidación.
No hay continuidad.
Hay rotación… y sustitución.
Un modelo que traslada la responsabilidad
Las grandes cadenas de supermercados han operado bajo un esquema que, en la práctica, les permite ofrecer un servicio sin asumir directamente el costo laboral.
El resultado es evidente:
el cliente termina pagando lo que debería ser una responsabilidad empresarial.La propina sustituye al salario.
La empatía reemplaza la estructura laboral.
Y la necesidad mantiene el sistema en funcionamiento.¿Oportunidad o evasión de derechos?
Algunos sostienen que este modelo representa una oportunidad para jóvenes que buscan generar ingresos.
Pero esa visión pierde fuerza cuando se analiza con profundidad.
porque no se trata solo de dar una oportunidad… sino de evitar derechos.
Cuando se limita deliberadamente el tiempo de permanencia para impedir que un trabajador adquiera beneficios, ya no estamos ante una simple informalidad.
Estamos ante un esquema que bordea la evasión laboral.
Te puede interesar:
El rol del Estado no puede ser silencio
Este escenario también interpela directamente al Estado.
El Ministerio de Trabajo tiene la responsabilidad de velar por el cumplimiento de las normas laborales y garantizar condiciones dignas, especialmente para los más vulnerables.
Sin embargo, la continuidad de esta práctica abre preguntas inevitables:
¿Se está fiscalizando esta realidad?
¿Se están aplicando las disposiciones del Código Laboral?
¿O se ha permitido que este modelo funcione en una zona gris?
Porque cuando la ley no se aplica, la desigualdad deja de ser una falla… y se convierte en sistema.
La propina puede aliviar el momento.
Pero no construye futuro.
Porque la dignidad laboral no debe depender de la generosidad del cliente…
sino del cumplimiento de la ley.
Trabajar no debería ser una estrategia para evitar derechos.
Debería ser la puerta de entrada a ellos.
