Redacción Diario El Caribeño
Las recientes declaraciones de Leonel Fernández, en las que afirmó que “el país no debe perdonar el caso Senasa”, han reavivado el debate nacional sobre la corrupción y la rendición de cuentas en la República Dominicana. La afirmación, aunque legítima en el fondo, plantea una interrogante inevitable: ¿puede exigirse memoria y sanción sin revisar el pasado propio?
El caso de Senasa, como cualquier presunta irregularidad en el manejo de fondos públicos, debe ser investigado con total transparencia. La lucha contra la corrupción no admite excepciones ni protecciones políticas. En un Estado democrático, la rendición de cuentas es una obligación permanente, no un discurso coyuntural.
No obstante, el debate actual no ocurre en el vacío. Durante los gobiernos encabezados por Leonel Fernández, la República Dominicana fue escenario de importantes escándalos de corrupción administrativa. Casos como Sun Land, los cuestionamientos a la OISOE y el entramado de Odebrecht marcaron una etapa caracterizada por denuncias de sobrevaluaciones, endeudamientos irregulares y vínculos opacos entre el poder político y grandes contratistas del Estado.
La mayoría de estos procesos no concluyó con sanciones ejemplares para los principales responsables, generando una percepción de impunidad que aún persiste en la memoria colectiva. Más allá de los resultados judiciales, el problema fue estructural: la falta de consecuencias políticas y la normalización de prácticas que debilitaron la confianza ciudadana en las instituciones.
Por ello, cuando hoy se plantea que “no debe haber perdón” frente a un caso específico, la ciudadanía tiene derecho a exigir coherencia histórica. La lucha contra la corrupción no puede ser selectiva ni utilizada como herramienta de confrontación política. Exigir justicia implica asumir responsabilidades pasadas y presentes con el mismo rigor.
Desde Diario El Caribeño sostenemos que la transparencia solo es creíble cuando se ejerce sin doble moral. Si no debe haber perdón para los errores actuales, tampoco debe haber olvido para los episodios que marcaron una etapa clave del poder político dominicano.
La memoria democrática no puede activarse solo cuando conviene. La justicia pierde legitimidad cuando se aplica de manera fragmentada. Y un país que aspira a fortalecer su institucionalidad debe enfrentar su historia completa, sin amnesia estratégica ni discursos selectivos.
