Redacción Diario El Caribeño
Por: Leticia Rosario Monción (Letty)
Santo Domingo, 13 de enero de 2026 – Un movimiento legislativo ha encendido las alarmas de la sociedad civil y de los organismos de transparencia. El Senado de la República ha puesto sobre la mesa una propuesta de ley que busca eliminar las sanciones penales para los alcaldes que incurran en el mal manejo del presupuesto municipal.
Lo que para algunos legisladores se presenta como una “flexibilización administrativa”, para el ciudadano de a pie se traduce en una pregunta inquietante y legítima:
¿Estamos legalizando la impunidad en los ayuntamientos?
El proyecto de ley fue propuesto y aprobado de urgencia en dos lecturas consecutivas por el Senado de la República el pasado 8 de enero de 2026, lo que ha generado preocupación por la velocidad del proceso y la profundidad de sus implicaciones.
Detalles clave de la pieza legislativa
Proponente principal: el senador Aneudy Santos.
Votación: aprobación unánime de los senadores presentes en la sesión del 8 de enero de 2026.
Contenido central: se eliminan las sanciones penales (prisión) establecidas en la legislación vigente —principalmente en la Ley 176-07 y sus modificaciones— para los alcaldes que violen la distribución porcentual del presupuesto municipal. Estas faltas pasarían a tratarse exclusivamente por la vía administrativa.
Otras modificaciones sensibles: la propuesta permitiría que las alcaldías destinen hasta un 75 % de sus ingresos al pago de nómina y gasto corriente, lo que ha despertado fuertes críticas por fomentar el clientelismo político y reducir la inversión en obras comunitarias.
Estado actual: la pieza pasa ahora a la Cámara de Diputados, donde deberá ser debatida y eventualmente aprobada o rechazada de manera definitiva.
¿En qué consiste realmente el cambio?
La propuesta busca que las irregularidades en el uso de los fondos públicos municipales —como el desvío de partidas, la falta de soportes en los gastos o el incumplimiento de la Ley de Compras y Contrataciones— dejen de tener consecuencias penales.
En la práctica, esto implica que conductas que hoy podrían conllevar cárcel se castiguen únicamente con sanciones administrativas o multas.
¿Cómo te afecta esto a ti, dominicano?
Puede parecer un debate lejano, propio de políticos y técnicos, pero el impacto es directo y cotidiano:
Menos obras, menos servicios: si un alcalde sabe que no enfrentará prisión por malversar fondos, el incentivo para cuidar cada peso disminuye. El resultado se ve en calles llenas de baches, falta de iluminación, drenajes colapsados y una recogida de basura deficiente.
Retroceso en la lucha contra la corrupción: durante años, el país ha intentado fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas. Eliminar la amenaza de cárcel para quienes administran el dinero público local es un claro paso atrás.
Debilitamiento de la Cámara de Cuentas: si los informes de auditoría no generan consecuencias penales, el órgano fiscalizador corre el riesgo de convertirse en un “león sin dientes”, capaz de señalar irregularidades pero incapaz de castigar a los responsables.
¿A quién conviene realmente?
Los defensores de la medida argumentan que muchos alcaldes cometen errores técnicos por falta de personal capacitado y que no deberían ser tratados como criminales por fallos burocráticos. Alegan que esta reforma “dinamizaría” la gestión municipal al reducir el temor a firmar.
Sin embargo, el límite entre un error técnico y un acto de corrupción es extremadamente delgado. Al eliminar la vía penal, se pierde la herramienta más contundente para disuadir el robo descarado del erario y el uso abusivo de los recursos públicos.
Un llamado a la vigilancia ciudadana
El presupuesto municipal no es dinero abstracto del Estado: es el dinero de sus impuestos, el fruto del trabajo de cada dominicano, destinado a que su comunidad viva con dignidad.
Como ciudadanos, es imperativo exigir que quienes administran esos fondos rindan cuentas con el mayor rigor posible.
La transparencia no es negociable. Permitir que los alcaldes operen bajo un manto de protección frente a la justicia penal no es modernizar el Estado; es abrir las puertas a la impunidad y poner en riesgo el patrimonio colectivo.
¿Estamos dispuestos a permitir que el dinero de nuestros barrios se maneje sin consecuencias reales?
La respuesta debe ser un rotundo “no”, en las calles, en la opinión pública y en el Congreso Nacional.
