Redacción Diario El Caribeño
Por José Antonio González
Cuando se analiza la actuación de Estados Unidos en Venezuela, lo que realmente merece atención desde una óptica estratégica y geopolítica no es únicamente el hecho en sí mismo, sino la forma en que Donald Trump diseñó y ejecutó su plan. Desde el momento en que llegó al poder, su intención de dejar una huella decisiva en el escenario venezolano fue clara; sin embargo, nunca optó por una acción improvisada ni por un abordaje frontal.
Por el contrario, siguió una lógica que puede compararse con la de un ajedrecista experimentado: avanzando ficha por ficha sobre el tablero geopolítico. Su estrategia comenzó con el diálogo y la reunión con actores clave del escenario internacional, incluidos países que habían sido aliados tradicionales de Nicolás Maduro. En cada encuentro, Trump fue desglosando el panorama punto por punto, evaluando intereses en juego, reduciendo resistencias y negociando márgenes de maniobra que, con el tiempo, abrirían el camino a la acción.
Este proceso demuestra que no se trató de una decisión aislada ni impulsiva, sino del resultado de una estrategia cuidadosamente calculada. La diplomacia, la presión política y una lectura precisa del contexto internacional fueron piezas que encajaron de manera progresiva dentro de su plan. Por ello, más allá de los juicios ideológicos que puedan existir sobre su figura, Donald Trump se proyecta como un actor político con una comprensión clara de las reglas de la geopolítica: un líder capaz de anticipar movimientos, reconfigurar alianzas y actuar conforme a una lógica de poder y oportunidad estratégica.
Para comprender plenamente este enfoque, resulta imprescindible adentrarse en el núcleo jurídico-geopolítico que Estados Unidos buscó aplicar en el caso venezolano, tomando en cuenta tanto la doctrina clásica de la no intervención como los desafíos contemporáneos de las relaciones internacionales. En términos generales, el derecho internacional establece que no es legítima la intervención militar en un Estado soberano, salvo en supuestos específicos como la autodefensa, un mandato internacional o la existencia de una amenaza directa. Cualquier acción basada exclusivamente en motivaciones políticas o ideológicas quedaría, en principio, fuera de estos márgenes.
No obstante, la estrategia de Trump apostó por adaptar ese marco a las realidades del siglo XXI, desplazando el eje del análisis desde una confrontación Estado contra Estado hacia la lucha contra fenómenos transnacionales. De este modo, la actuación se estructuró no como una agresión directa contra Venezuela, sino como una acción orientada a enfrentar amenazas como el narcotráfico, el terrorismo y el crimen organizado, problemáticas que trascienden las fronteras nacionales y afectan la seguridad regional e internacional.
El sustento jurídico de esta postura se encuentra en las normativas internacionales y nacionales destinadas a combatir el terrorismo y el crimen transnacional, cuyo objetivo es proteger a los Estados y a sus poblaciones frente a amenazas que no reconocen límites territoriales. Bajo este enfoque, cuando un Estado no puede o no quiere enfrentar estas dinámicas por sí mismo, o cuando existen vínculos entre actores internos y redes criminales internacionales, se plantea la necesidad de encontrar un equilibrio entre el respeto a la soberanía nacional y la protección de la seguridad colectiva.
Esta lógica fue aplicada al caso venezolano a partir de las reiteradas preocupaciones sobre la presunta presencia de actividades relacionadas con el narcotráfico, la protección de rutas ilícitas y posibles vínculos con actores que representan una amenaza para la región y el mundo. Desde esta perspectiva, la acción estadounidense se estructuró de manera que pudiera alinearse con marcos legales contemporáneos, evitando sentar precedentes de intervención política clásica y, al mismo tiempo, reafirmando su rol como actor central en la gestión de desafíos regionales.
Desde el punto de vista del derecho internacional tradicional, esta adaptación sigue siendo objeto de debate. Sin embargo, dentro de los esquemas de seguridad nacional y de cooperación internacional contra el crimen organizado, se presenta como una aproximación válida frente a realidades emergentes. En el terreno geopolítico, el objetivo fue construir un relato coherente, sumar el respaldo de aliados con preocupaciones similares y promover una respuesta internacional coordinada.
En consecuencia, la narrativa que se consolidó es clara: Estados Unidos no actuó como un invasor en el sentido clásico, sino como parte de un esfuerzo orientado a enfrentar amenazas transnacionales. Más aún, esta estrategia busca contribuir a la redefinición de los marcos tradicionales de soberanía, adaptándolos a las exigencias de la seguridad colectiva en el mundo contemporáneo.
