Redacción Diario El Caribeño
Por: Pedro René Almonte M.
La determinación de hacer lo correcto casi nunca es un camino cómodo. Quien decide romper inercias, tocar intereses establecidos o desmontar estructuras que por años han operado bajo lógicas cuestionables, inevitablemente despierta resistencias.
Caminar hacia lo que beneficia a la mayoría no siempre cuenta con el aplauso de quienes han convertido el privilegio en herramienta personal. Y es que el poder, cuando se ha utilizado para proteger intereses particulares, reacciona con virulencia ante cualquier intento de corrección.
Nada —absolutamente nada— puede estar por encima del interés colectivo. Cuando un funcionario decide actuar en función del bien común, y no del beneficio propio o de grupos determinados, corresponde a la ciudadanía observar con objetividad y evaluar los hechos con serenidad.
En ese contexto, he decidido respaldar públicamente las decisiones adoptadas por Milton Morrison en su rol como director del INTRANT.
El trasfondo de los ataques
No es casual que, tras anunciarse la terminación del contrato que durante años mantuvo la empresa Dekolor con el INTRANT, se haya activado una narrativa política en su contra.
Primero, surgieron cuestionamientos sobre los recursos que recibe el partido País Posible, insinuando irregularidades en el financiamiento público. Sin embargo, la Ley Electoral es clara: los partidos políticos reciben fondos del Estado a través de la Junta Central Electoral (JCE), y el monto es proporcional a los votos obtenidos en el proceso electoral correspondiente.
Posteriormente, se intentó vincular a Morrison con una rifa del año 2023, actividad que, además, fue validada por Pro Consumidor. Tres años después, el tema reaparece como elemento de desgaste.
Finalmente, los ataques se centran en su gestión al frente del INTRANT, específicamente en la rescisión del contrato con Dekolor, empresa responsable de la emisión de licencias de conducir durante años.
Cabe entonces preguntarse: ¿qué intereses se están afectando realmente? ¿Quiénes se benefician cuando un contrato de larga data permanece intacto? ¿Por qué ahora se intenta trasladar el debate hacia la figura personal del funcionario?
Las coincidencias, en política, rara vez son fortuitas.
El contrato que termina
El próximo 19 de febrero concluyen definitivamente las operaciones de Dekolor bajo el esquema contractual que por años operó en el país. Se trata de una decisión que, según ha explicado el INTRANT, busca modernizar el sistema, transparentar procesos y garantizar mayor control institucional.
Si esa decisión implica desmontar estructuras que durante años generaron ganancias importantes para sectores específicos, es previsible que existan reacciones.
La pregunta de fondo no debería ser si un funcionario es atacado. La pregunta debería ser: ¿la decisión adoptada favorece al país?
Si la respuesta es afirmativa, entonces corresponde defender el principio, no la persona.
El costo de actuar
Hacer lo correcto tiene un precio político. Reformar, auditar, revisar contratos y cerrar ciclos incómodos nunca será popular entre quienes se beneficiaban del modelo anterior.
Pero gobernar —y administrar lo público— no es un ejercicio de complacencia. Es un ejercicio de responsabilidad.
Cuando un funcionario utiliza su posición para servir al interés colectivo y no al particular, el debate debe centrarse en los hechos, no en campañas de descrédito.
Porque al final, la verdadera discusión no es Milton Morrison.
La verdadera discusión es si queremos instituciones que protejan privilegios o instituciones que respondan al país.Y esa decisión, más allá de cualquier figura, nos corresponde a todos.
