Los Alcarrizos, Provincia Santo Domingo. — La ocupación ilegal de las aceras en la provincia Santo Domingo vuelve a poner en evidencia una realidad que ya no sorprende, pero sí alarma: el desorden urbano sigue avanzando ante la mirada permisiva de las autoridades.
Un recorrido por distintos municipios confirma lo que miles de ciudadanos padecen cada día: aceras convertidas en parqueos improvisados, espacios públicos tomados por vendedores informales, talleres, vertederos y estructuras ilegales, obligando al peatón a caminar por la calle, entre vehículos y en condiciones de evidente riesgo.
Un problema visible, cotidiano y tolerado
Las escenas se repiten con una normalidad preocupante:
vehículos estacionados sobre las aceras, negocios informales ocupando espacios peatonales, obstáculos improvisados y entornos urbanos donde el peatón ha dejado de ser prioridad.
La acera, concebida para proteger al ciudadano que camina, ha sido desplazada por el caos.
Y lo más grave es que ya no parece tratarse de hechos aislados, sino de una práctica extendida y normalizada, que expone la debilidad de la fiscalización municipal y la falta de voluntad para imponer reglas básicas de convivencia urbana.
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El símbolo más preocupante: el desorden frente a la autoridad
Pero si algo retrata con crudeza esta realidad, es lo que ocurre en un punto que debería ser ejemplo de orden.
En las inmediaciones del Ayuntamiento de Los Alcarrizos, vehículos permanecen estacionados a lo largo de la acera, precisamente en un espacio vinculado a la institución llamada a regular ese mismo comportamiento.
La contradicción es demasiado evidente para ignorarla.
El desorden no solo se tolera; se exhibe desde el propio entorno del poder municipal.
Cuando la autoridad no puede garantizar orden ni siquiera frente a su sede, el mensaje que recibe la ciudadanía es demoledor: la norma existe, pero no se aplica; la ley se proclama, pero no se cumple.
Leyes hay; lo que falta es autoridad
La República Dominicana dispone de normativas claras sobre el uso de los espacios públicos y contempla sanciones para quienes ocupen indebidamente las aceras.
Sin embargo, en la práctica, la ausencia de fiscalización convierte la ley en letra muerta.
Esa distancia entre lo que establecen las normas y lo que ocurre en la realidad no solo alimenta la impunidad: también erosiona la credibilidad institucional y debilita la confianza de los ciudadanos en quienes tienen la responsabilidad de organizar la vida urbana.
El gran perjudicado sigue siendo el peatón
En medio de este panorama, el ciudadano de a pie queda relegado, expuesto y desprotegido.
El peatón ha sido desplazado, invisibilizado y obligado a sobrevivir en un espacio que debería pertenecerle.
Caminar por una acera debería ser un acto elemental de seguridad y dignidad. Sin embargo, para muchos dominicanos se ha convertido en un ejercicio de evasión: esquivar vehículos, sortear obstáculos o lanzarse a la calle, con todos los peligros que eso implica.
La pregunta que incomoda
Frente a esta realidad, surge una interrogante inevitable:
¿Cómo exigir orden a la ciudadanía cuando quienes deben imponerlo no lo respetan ni lo garantizan?
Porque el problema ya no es únicamente urbanístico. Es institucional.
Se trata de una falla de coherencia, de autoridad y de voluntad para aplicar las reglas existentes, incluso en los espacios más visibles y simbólicos del poder local.
Un problema estructural
Lo que ocurre en distintos municipios de Santo Domingo no es una excepción. Es el reflejo de un modelo urbano donde:
la fiscalización es débil,
la informalidad avanza,
y la autoridad pierde capacidad de control.
El resultado es una ciudad que crece, sí, pero sin orden, sin planificación y sin respeto por el peatón.
El desorden en las aceras no es un detalle menor ni una simple molestia urbana. Es una señal del deterioro en la capacidad de las instituciones para hacer cumplir normas básicas de convivencia.
