Renuncia destapa presunto esquema de adjudicación irregular por RD$800 millones y pone en la mira la transparencia del Estado.
Una denuncia por obras sin licitación en el Ministerio de Agricultura ha sacudido el escenario público tras la renuncia del funcionario Eduard Francisco Marte Estrella, quien asegura haber sido presionado para aprobar contratos por más de RD$800 millones al margen de la ley.
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La salida de Marte Estrella no solo marca una ruptura administrativa, sino que abre una grieta sobre el manejo de los procesos de contratación en una de las instituciones clave para el desarrollo agrícola del país.
En una carta dirigida al ministro Francisco Olivério Espaillat Bencosme, el exencargado del Departamento de Caminos Vecinales denuncia que fue presionado para coordinar la adjudicación de obras sin cumplir los procedimientos establecidos en la Ley 47-25 sobre Contrataciones Públicas.
¿Qué denunció exactamente el funcionario?
Según su versión, el 14 de marzo fue convocado a una finca del ministro, donde se le solicitó gestionar la asignación de obras a varias empresas por un monto aproximado de RD$800 millones.
El funcionario asegura que posteriormente recibió documentación vinculada a al menos 10 compañías de Duarte y Sánchez Ramírez, las cuales ejecutarían trabajos sin licitación.
Además, denunció que días antes había sido objeto de maltrato verbal en el despacho ministerial, en presencia del viceministro Juan Antonio Gómez.
¿Por qué este caso podría escalar?
El elemento clave es que las obras señaladas están vinculadas a caminos vecinales, infraestructura vital para:
Transporte agrícola
Acceso a mercados
Desarrollo rural
Esto convierte el caso en un tema de alto impacto nacional, ya que cualquier irregularidad podría afectar directamente la economía agrícola.
Además, la negativa del funcionario a ejecutar las órdenes —alegando razones éticas y legales— refuerza la gravedad de la denuncia.
En República Dominicana, los procesos de contrataciones públicas han sido históricamente un punto sensible, con múltiples denuncias en distintas instituciones.
La Ley 47-25 establece claramente que toda obra pública debe someterse a licitación para garantizar transparencia, competencia y uso adecuado de los fondos del Estado.
Sin embargo, este caso sugiere la posible existencia de prácticas paralelas que podrían evadir estos controles.
Impacto en República Dominicana
Posible pérdida de confianza en instituciones públicas
Cuestionamientos sobre el uso de recursos millonarios
Presión para auditorías e investigaciones
Impacto político si se comprueban las denuncias
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Consecuencias posibles
Investigación por parte de órganos de control
Intervención de la Procuraduría o Cámara de Cuentas
Revisión de contratos adjudicados
Crisis institucional en el sector agrícola
La renuncia de Marte Estrella no es solo una salida administrativa: es una señal de alerta.
Si las denuncias se confirman, el país estaría ante un esquema que pone en riesgo la transparencia del gasto público.
La pregunta ya no es si hubo presión… sino quién responderá por ella.
