El Decreto 52-26 establece la aplicación obligatoria del nuevo marco normativo para todas las instituciones públicas del país.
Santo Domingo.– El presidente Luis Abinader aprobó este miércoles el Reglamento de Aplicación General de la Ley 47-25 de Contrataciones Públicas, mediante el Decreto 52-26, instruyendo la aplicación obligatoria del nuevo marco normativo en todas las instituciones sujetas a la ley, durante un acto celebrado en el Palacio Nacional.
Durante la actividad, que contó con la presencia de ministros, directores generales, autoridades de control y representantes del Ministerio Público, el mandatario afirmó que el nuevo reglamento marca el inicio de un ciclo de transformación orientado a fortalecer la transparencia, la eficiencia y la responsabilidad en la gestión de los recursos públicos.
El presidente Abinader aseguró que el nuevo sistema de contrataciones públicas refuerza la planificación institucional, mejora la competencia, fortalece los controles internos y externos y promueve una cultura de prevención, alineada con estándares internacionales de buena gobernanza y rendición de cuentas.
“Esta reforma no busca obstaculizar la gestión pública, sino fortalecerla; no busca paralizar al Estado, sino hacerlo más eficiente, previsible y confiable”, expresó el jefe del Estado, al destacar que la ley consolida un modelo donde las decisiones quedan registradas, con responsables identificables y procesos verificables.
El mandatario subrayó que la reforma garantiza la permanencia de reglas claras más allá de los ciclos políticos, asegurando que las instituciones sean más fuertes que las personas y que el interés general prevalezca sobre cualquier conveniencia particular.
Asimismo, reconoció el trabajo de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo y los equipos técnicos responsables de la elaboración del nuevo reglamento.
El director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, valoró el respaldo del presidente Abinader a la reforma y afirmó que la transparencia ha pasado de ser un discurso a una política pública con resultados concretos.
Pimentel explicó que la implementación del nuevo marco legal se realizará de forma gradual, ordenada y responsable, conforme a un cronograma aprobado, con procesos de capacitación dirigidos tanto a servidores públicos como a proveedores del Estado.
Indicó además que la participación de la Procuraduría General de la República, la Unidad Antifraude y los órganos de control garantiza una aplicación uniforme de la normativa y el cumplimiento de los principios de legalidad, eficiencia y transparencia.
El Gobierno informó que acompañará a las instituciones durante la fase de implementación, brindando orientaciones técnicas para asegurar la correcta aplicación del reglamento y el fortalecimiento institucional del sistema de contrataciones públicas.
