SANTO DOMINGO.– El abogado y político Ángel Lockward afirmó este domingo que la entrega de RD$220 millones al Ministerio Público durante el proceso de la Operación Calamar no significó, según su versión, una admisión de culpabilidad por corrupción.
“Que yo devolviera 220 millones no significa que sea culpable de corrupción”, sostuvo Lockward al explicar el acuerdo alcanzado con el órgano persecutor.
El imputado, quien fue enviado a juicio de fondo junto con otros acusados del caso, sostiene que nunca admitió haber cometido una infracción. Sin embargo, antecedentes públicos muestran que existe una discrepancia entre su versión actual y planteamientos atribuidos anteriormente al Ministerio Público sobre el alcance de su colaboración.
¿Por qué Lockward entregó RD$220 millones?
La entrega del dinero está documentada desde 2024. En ese momento, la defensa de Lockward sostuvo que los RD$220 millones correspondían a honorarios profesionales y que fueron entregados en el marco de una negociación con el Ministerio Público.
Lockward insiste ahora en que la devolución no debe interpretarse como reconocimiento de que los recursos provinieran de actos de corrupción.
“La culpabilidad no está en que tú devuelvas un dinero (…) la culpabilidad está en si tú admitiste una falta y yo nunca he admitido ninguna falta, ni antes ni ahora”, afirmó.
Ese planteamiento debe leerse como la posición de su defensa. En reportes de 2023 se atribuyó al Ministerio Público la afirmación de que Lockward había aceptado responsabilidad durante la etapa de coerción. Posteriormente, en 2024, también se informó que el componente financiero del acuerdo estaba firmado mientras un documento separado de admisión de culpa no lo estaba.
Por esa razón, el alcance jurídico exacto del acuerdo no puede resumirse únicamente en la devolución del dinero ni en declaraciones posteriores de una de las partes.
Lockward asegura que hubo presión sobre su familia
El abogado sostiene además que decidió negociar después de que la investigación alcanzara a miembros de su familia, incluido uno de sus hijos.
Según su relato, llegó a un acuerdo con el Ministerio Público con el propósito de conseguir que su hijo fuera excluido del expediente. También afirmó que otros investigados habrían enfrentado presiones similares.
Estas acusaciones corresponden a la versión de Lockward y no equivalen a una determinación judicial de que el Ministerio Público haya actuado de manera irregular.
El caso contra Lockward continúa en juicio de fondo
La situación procesal del abogado sigue abierta. A finales de mayo de 2026, el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional dispuso la apertura a juicio contra 35 de los 40 acusados sometidos a esa decisión, entre ellos Lockward.
El 14 de septiembre, además, el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional rechazó, por mayoría, solicitudes de extinción de la acción penal presentadas por Lockward y otros procesados.
Eso significa que el proceso continúa y que será durante el juicio cuando acusación y defensa presenten y contradigan sus respectivas pruebas.
El Ministerio Público atribuye más de RD$19,000 millones a la trama
La acusación de la Operación Calamar atribuye a una presunta estructura el manejo irregular de más de RD$19,000 millones, incluyendo pagos vinculados con expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública y otras operaciones.
Esa cifra forma parte de la acusación del Ministerio Público y no constituye por sí sola una determinación definitiva de responsabilidad penal.
Los acusados mantienen la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia firme que establezca responsabilidad.
¿Qué se conoce del acuerdo con el Ministerio Público?
La controversia alrededor de los RD$220 millones deja como punto central el contenido exacto del acuerdo alcanzado entre Lockward y el Ministerio Público: qué obligaciones asumió cada parte, cuál fue el tratamiento dado a los fondos y qué alcance penal se atribuyó a la negociación.
La devolución de dinero, por sí sola, no sustituye la determinación de responsabilidad penal que corresponde a los tribunales. Al mismo tiempo, la existencia de versiones públicas diferentes sobre el acuerdo obliga a distinguir con precisión entre lo que sostiene Lockward, lo que afirma la acusación y lo que finalmente determine el tribunal.
La discusión, por tanto, no se resuelve únicamente con la frase de que devolver dinero equivale o no a admitir culpabilidad. La respuesta jurídica dependerá del contenido formal de los acuerdos y de la valoración de las pruebas en el proceso.
Por ahora, Lockward mantiene que no admitió una falta; el Ministerio Público conserva una acusación en su contra y el expediente continúa en juicio de fondo.
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