El Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional aplazó la audiencia preliminar contra exministros acusados de corrupción en República Dominicana, fijando su continuación para el miércoles 25 a las 9:00 de la mañana, en una etapa decisiva del proceso judicial.
El Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional aplazó la audiencia preliminar contra exministros acusados de corrupción, entre ellos José Ramón Peralta, Donald Guerrero y Gonzalo Castillo.
La jueza Altagracia Ramírez reprogramó la audiencia para el próximo miércoles 25 a las 9:00 de la mañana, cuando continuará la fase de réplicas y contrarréplicas entre las partes.
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Defensa y Ministerio Público enfrentan posturas
Durante la jornada, la defensa técnica de Daniel Guerrero Mena y del dirigente Ángel Lockward presentó sus argumentos ante el tribunal.
El abogado Norberto Rondón aseguró que el Ministerio Público sufrió una “derrota contundente”, alegando que no se ha configurado una estafa al Estado.
Sostuvo además que las empresas señaladas no presentan registros financieros que sustenten las acusaciones, ni evidencia de transferencias estatales.
Ministerio Público afirma tener pruebas contundentes
Por su parte, la titular de la Pepca, Mirna Ortiz, indicó que el proceso se encuentra en su etapa final.
Afirmó que las defensas no han logrado rebatir los elementos centrales del expediente y que existen contradicciones en sus argumentos.
“Las pruebas del Ministerio Público son contundentes y darán lugar a un auto de apertura a juicio”, expresó.
Acusación por más de 19 mil millones de pesos
El Ministerio Público RD acusa a los imputados de integrar una presunta red de corrupción que habría provocado pérdidas al Estado por más de 19 mil millones de pesos.
Según el expediente, los hechos estarían vinculados a pagos irregulares en procesos de expropiación de terrenos declarados de utilidad pública.
Proceso entra en su fase decisiva
La audiencia continuará el miércoles, y se espera que tras concluir las intervenciones, el tribunal pase a deliberar sobre la apertura a juicio.
Este caso se posiciona como uno de los procesos judiciales más relevantes en materia de corrupción administrativa en República Dominicana.