La jueza Yanibet Rivas emitirá este viernes su decisión sobre uno de los procesos de corrupción más relevantes vinculados a la modernización semafórica del Gran Santo Domingo
Santo Domingo. La justicia dominicana tiene previsto decidir este viernes el futuro judicial del exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, y del empresario José Ángel Gómez Canaán, conocido como Jochi Gómez, en el expediente relacionado con la modernización de la red semafórica del Gran Santo Domingo.
La decisión será emitida por la jueza Yanibet Rivas, del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, durante una audiencia pautada para las 9:00 de la mañana, en la que se conocerá el juicio preliminar del denominado caso Intrant.
El proceso judicial involucra acusaciones de presunta corrupción administrativa, fraude contra el Estado, sabotaje y delitos vinculados al sistema de control del tránsito de la capital dominicana.
Un caso que ha generado amplio debate público
El expediente presentado por el Ministerio Público también incluye a otros ocho imputados y siete empresas vinculadas al contrato de modernización semafórica ejecutado durante la gestión de Hugo Beras al frente del Intrant.
Según la acusación, el conflicto se originó tras la suspensión del contrato adjudicado a la empresa Transcore Latam, vinculada al empresario Jochi Gómez. Dicho acuerdo superaba los RD$1,300 millones y contemplaba la modernización tecnológica de la red de semáforos del Gran Santo Domingo.
Las autoridades sostienen que las irregularidades detectadas durante la ejecución del proyecto provocaron afectaciones significativas al sistema de tránsito y generaron cuestionamientos sobre los procesos de contratación pública.
¿Qué decidirá el tribunal?
La audiencia de este viernes resulta clave porque la magistrada deberá determinar si existen elementos suficientes para enviar a juicio de fondo a los acusados o si corresponde adoptar otra decisión procesal dentro del expediente.
La resolución tendrá importantes implicaciones jurídicas, institucionales y políticas debido al impacto que el caso ha tenido en la opinión pública y en los debates sobre transparencia, gestión pública y contrataciones estatales.
Transparencia y responsabilidad institucional
El caso Intrant se ha convertido en uno de los procesos judiciales más observados de los últimos años debido a que involucra recursos públicos destinados a la modernización de la movilidad urbana y a la seguridad vial.
Además de las posibles responsabilidades penales, el expediente ha reabierto el debate sobre los mecanismos de supervisión de contratos públicos, el uso de tecnología en servicios esenciales y la necesidad de fortalecer los controles institucionales para prevenir irregularidades en proyectos de alto impacto económico.
La decisión que adopte este viernes el tribunal marcará el próximo capítulo de un caso que continúa captando la atención nacional y que podría definir responsabilidades sobre uno de los contratos tecnológicos más importantes ejecutados en el sistema de tránsito dominicano durante los últimos años.
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