El Poder Ejecutivo emitió el Decreto 672-26, que instruye a las instituciones públicas a dirigir exclusivamente a micro, pequeñas y medianas industrias determinados procedimientos de contratación vinculados con programas sociales y de protección a población vulnerable.
La disposición abarca compras destinadas a alimentación, vestimenta, insumos escolares y salubridad social, entre otras áreas incluidas en programas estatales.
Qué establece el Decreto 672-26
La medida busca utilizar el poder de compra del Estado para ampliar la participación de mipymes industriales en contrataciones públicas asociadas a políticas sociales. Las instituciones alcanzadas deberán aplicar la disposición en los procedimientos que correspondan conforme al decreto y al marco de contratación pública.
El cambio puede abrir oportunidades para fabricantes y suplidores dominicanos de bienes utilizados de forma recurrente por programas gubernamentales.
Impacto para las mipymes
Para las pequeñas industrias, el acceso a contratos estatales puede significar mayor volumen de pedidos, formalización y capacidad para sostener empleos. Al mismo tiempo, participar exige cumplir requisitos técnicos, fiscales, de calidad y entrega establecidos en cada proceso.
El efecto real dependerá de la cantidad de procedimientos que entren bajo la nueva disposición, los montos contratados y la capacidad de las empresas elegibles para responder a la demanda pública.
Qué sigue
Las instituciones deberán incorporar las instrucciones del Decreto 672-26 en las contrataciones alcanzadas por la medida. Para las mipymes industriales será clave seguir las convocatorias oficiales y los requisitos particulares de cada proceso.
Acerca del autor
