
Santo Domingo. El Gobierno dominicano aprobó el Código de Ética de la Inteligencia Artificial para los Servicios Públicos mediante el Decreto 787-26, anunciado el 3 de noviembre de 2026. La disposición establece controles para el uso de herramientas automatizadas en instituciones estatales y reconoce a los ciudadanos el derecho a conocer cuándo una decisión administrativa ha sido apoyada por inteligencia artificial.
Según la información oficial de la Presidencia, quienes resulten afectados por esos procedimientos podrán solicitar explicaciones comprensibles y activar mecanismos de revisión humana.
Qué cambia en los servicios públicos
Los sistemas de inteligencia artificial considerados de alto impacto, por ejemplo aquellos que influyan en el acceso a derechos, beneficios sociales o decisiones sancionadoras, deberán pasar evaluaciones de impacto ético y de derechos y obtener aprobación del órgano supervisor antes de entrar en funcionamiento.

El código también prohíbe la clasificación social generalizada, la identificación biométrica masiva en espacios públicos sin orden judicial, el perfilamiento criminal predictivo basado en sesgos territoriales o socioeconómicos, la automatización de sentencias penales y las armas autónomas. Establece, además, una protección reforzada para menores de edad.
Plazo de adaptación y obligaciones
La normativa alcanza a las instituciones de la Administración pública centralizada y descentralizada. Les concede 180 días calendario para adecuar procedimientos, registrar los sistemas que utilizan y designar responsables. También prevé un Consejo Nacional de Ética de la Inteligencia Artificial con participación institucional y no gubernamental.
El proceso fue liderado por la OGTIC y la DIGEIG, con acompañamiento técnico de la Alianza para el Gobierno Abierto. Para la ciudadanía, la diferencia más concreta será la posibilidad de pedir información y revisión humana cuando la tecnología intervenga en trámites y resoluciones; su aplicación efectiva dependerá de que las instituciones habiliten esos mecanismos.
Fuente: Presidencia de la República Dominicana, comunicado del 3 de noviembre de 2026.






