La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) suspendió de oficio y de manera cautelar el Registro de Proveedores del Estado de cuatro empresas, una medida que les impide participar como oferentes, recibir adjudicaciones o contratar con instituciones públicas mientras permanezca vigente.
Las sociedades afectadas son Grupo Zomo, SRL; Southwest Corporation Dominicana, SRL; Marenas, SRL; y Procesadora de Granos de Santo Domingo CK 1000, SRL.
La DGCP informó el 15 de septiembre que detectó posibles vínculos societarios, comerciales y familiares con personas y empresas cuyos registros habían sido suspendidos previamente en investigaciones relacionadas con presuntos delitos contra la Administración pública.
La medida es preventiva y no establece culpabilidad
El órgano rector subrayó que la suspensión es preventiva, provisional y no sancionadora. Por tanto, no determina responsabilidad penal ni administrativa de las compañías ni de sus ejecutivos.
Según la institución, la decisión busca impedir que estructuras vinculadas a proveedores suspendidos continúen participando indirectamente en procesos de contratación pública. La DGCP indicó que la medida se sustenta en la Ley 47-25 de Contrataciones Públicas y su reglamento de aplicación.
Hallazgos serán remitidos al Ministerio Público
La DGCP informó que comunicará los hallazgos al Ministerio Público y remitió el acto administrativo a órganos como la Contraloría General de la República, la Cámara de Cuentas, la Dirección General de Impuestos Internos y la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa.
La suspensión permanecerá vigente hasta que concluyan las investigaciones judiciales vinculadas a los casos de origen o hasta que se acredite la desvinculación de las circunstancias que motivaron la medida.
Qué cambia desde ahora
Mientras el acto esté vigente, las cuatro empresas no podrán utilizar su RPE para competir por contratos públicos. El próximo punto a vigilar será si el Ministerio Público abre nuevas actuaciones a partir de la información remitida o si las empresas presentan documentación que modifique su situación administrativa.
La información fue contrastada con la comunicación de la Dirección General de Contrataciones Públicas y cobertura de medios nacionales.
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