Santo Domingo.– El Gobierno dominicano estudia establecer una regulación para los alquileres de corta duración ofrecidos a través de plataformas digitales como Airbnb, en medio del crecimiento de esta modalidad y su posible impacto sobre el mercado de viviendas.
El presidente Luis Abinader confirmó que el tema está bajo análisis de las autoridades durante LA Agenda Semanal del lunes 7 de septiembre de 2026, al ser cuestionado sobre los efectos que pueden tener estas rentas temporales en los precios de los inmuebles.
El mandatario señaló que cada vez más personas adquieren apartamentos con fines de inversión para colocarlos posteriormente en Airbnb u otras plataformas, lo que puede aumentar la demanda de viviendas y ejercer presión sobre los precios.
La regulación todavía está en estudio
Hasta el momento, el Gobierno no ha anunciado una normativa definitiva ni ha informado cuándo podría entrar en vigor un nuevo marco regulatorio para las rentas de corta duración.
La declaración de Abinader confirma, sin embargo, que las autoridades evalúan establecer reglas para este segmento, siguiendo experiencias aplicadas en otros países.
Turismo ya contempla las rentas cortas en Renatur
El análisis coincide con los avances del Ministerio de Turismo en el Registro Nacional de Hospedaje Turístico (Renatur), una plataforma oficial que incluye expresamente la categoría de “alojamiento de renta corta”.
En el portal de Renatur, este tipo de alojamiento se define como viviendas amuebladas que se alquilan por períodos breves y se registran en plataformas como Airbnb y Booking.
Durante 2026, el Ministerio de Turismo también impulsó propuestas orientadas a formalizar y registrar este tipo de hospedaje, mientras Airbnb manifestó su respaldo a la creación de un registro, aunque planteó que cualquier regulación debe diferenciar a los anfitriones residenciales de la operación hotelera tradicional.
Debate por vivienda, turismo y formalización
El crecimiento de las rentas de corta duración ha ampliado el debate sobre sus efectos en el acceso a viviendas, la convivencia en condominios, la actividad turística y las obligaciones de propietarios y plataformas digitales.
La eventual regulación tendría impacto directo en propietarios, inversionistas, anfitriones y usuarios de estas plataformas, así como en el sector turístico dominicano.
Por ahora, el proceso permanece en fase de estudio y no se han divulgado los requisitos, sanciones, obligaciones fiscales ni condiciones específicas que contendría una futura normativa.
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