Por: Letty Rosamón
Opinión | Identidad y Estado Civil en República Dominicana.

Durante las décadas de los años 70, 80 y 90, la precariedad de los registros civiles en la República Dominicana permitió que miles de personas —muchas de ellas dominicanas de nacimiento que nunca fueron declaradas— regularizaran su situación de manera informal, mediante declaraciones tardías sin sustento documental real o incluso la suplantación de identidades. Aquella práctica, tolerada por la debilidad institucional de la época, hoy regresa con fuerza como un problema estructural de grandes dimensiones.

Con la implementación de la nueva cédula biométrica, el Estado dominicano ha iniciado un proceso de depuración profunda del sistema de identidad. Sin embargo, esta modernización ha destapado una realidad inquietante: la irregularidad documental no solo afecta al titular original de una cédula cuestionada, sino que se proyecta de manera directa sobre sus descendientes, generando lo que algunos juristas ya califican como una posible “muerte civil heredada”.

El árbol genealógico que se desploma
El ordenamiento jurídico dominicano se rige por un principio fundamental del derecho civil: nadie puede transmitir un derecho que no posee. En la práctica, esto significa que si el Tribunal Superior Electoral (TSE) declara nula el acta de nacimiento de una persona por suplantación o falsedad, dicha nulidad se extiende automáticamente a las actas de sus hijos y, por consiguiente, a las de sus nietos.

Este efecto dominó coloca en una situación de extrema vulnerabilidad a miles de ciudadanos que han vivido toda su vida como dominicano.