Por Roberto Abreu
Santo Domingo. – Especialistas en Derecho analizaron los principales cambios, desafíos e impactos del nuevo Código Penal dominicano durante la conferencia «Cambios, desafíos e impacto del nuevo Código Penal dominicano», celebrada este 9 de julio en la Universidad del Caribe (UNICARIBE).
Durante la actividad, los juristas Lorenzo Fermín y Félix Damián Olivares coincidieron en que la nueva legislación representa un paso importante en la modernización del sistema jurídico nacional, aunque señalaron que su éxito dependerá de una adecuada aplicación, la capacitación de los operadores del sistema de justicia y una amplia difusión de su contenido entre la ciudadanía.
Lorenzo Fermín plantea mayor difusión y ajustes al Código
La primera ponencia estuvo a cargo del jurista Lorenzo Fermín, quien sostuvo que uno de los principales retos del proceso legislativo fue la insuficiente difusión del contenido del nuevo Código Penal antes de su aprobación.
Explicó que, en una sociedad democrática, el Código Penal cumple la función de garantizar derechos, establecer sanciones y servir como un instrumento para proteger la convivencia ciudadana.
Fermín recordó que la aprobación de esta legislación tomó alrededor de 75 años y destacó que el nuevo texto presenta una estructura más organizada, un lenguaje más accesible y una adaptación a la realidad social dominicana.
Innovaciones incorporadas en la nueva legislación
Entre las principales novedades del Código Penal, el jurista destacó:
- La responsabilidad penal para empresas, organizaciones no gubernamentales y sociedades comerciales.
- La regulación del cúmulo de penas de hasta 60 años, en los casos previstos por la ley.
- La posibilidad de reducir determinadas penas cuando exista una motivación judicial debidamente fundamentada.
Asimismo, señaló que el Código fortalece la tipificación de delitos como la violencia doméstica, los ataques con ácido, las estafas colectivas, el abuso de confianza, los robos agravados y la falsificación de documentos físicos y electrónicos.
También resaltó disposiciones que fortalecen las garantías ciudadanas, entre ellas el derecho de las personas a grabar actuaciones de las autoridades cuando ello contribuya a proteger sus derechos, así como el reforzamiento de la preservación de la escena del crimen.
Retos para la implementación
Fermín consideró que la legislación aún requiere algunos ajustes, especialmente en determinadas disposiciones comprendidas entre los artículos 207 y 211, además de revisar aspectos relacionados con la regulación de la difamación.
A su juicio, uno de los mayores desafíos será desarrollar una amplia campaña de información para que la población conozca el alcance y contenido del nuevo Código Penal.
Félix Damián Olivares destaca fortalecimiento de la responsabilidad penal
La segunda conferencia estuvo a cargo del jurista Félix Damián Olivares, quien explicó que la legislación penal incorpora las conductas lesivas que surgen en la sociedad para convertirlas en tipos penales.
Indicó que uno de los cambios más relevantes consiste en fortalecer las reglas sobre la autoría y la complicidad, con el objetivo de evitar que los autores intelectuales de un delito permanezcan impunes.
También señaló que el nuevo Código desarrolla de manera más clara conceptos como el dolo, la culpa y la previsibilidad de determinadas conductas, utilizando como ejemplo los disparos al aire y las carreras clandestinas de motocicletas, cuyos riesgos pueden ser anticipados por quienes las realizan.
Protección de derechos y ejercicio profesional
Olivares destacó además avances relacionados con la protección de la integridad física de los abogados durante el ejercicio profesional, mayores garantías en las requisas policiales, la defensa del derecho de propiedad y el establecimiento de sanciones frente a las ocupaciones ilegales de terrenos.
Coinciden en la necesidad de una correcta aplicación
Al concluir la conferencia, ambos juristas coincidieron en que el nuevo Código Penal representa una actualización importante del sistema jurídico dominicano, pero insistieron en que su efectividad dependerá de una correcta implementación, de la capacitación permanente de jueces, fiscales, policías y demás operadores del sistema de justicia, así como de una adecuada divulgación de sus disposiciones entre la población.
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