La decisión de limitar a solo dos años la vigencia de la licencia de conducir para personas mayores de 65 años ha reabierto un debate delicado en República Dominicana: ¿hasta dónde puede llegar el Estado en nombre de la seguridad vial sin afectar el derecho a la igualdad?
El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) ha explicado que la disposición no es nueva y que forma parte del Decreto 6-19 emitido en 2019. Según el reglamento, las licencias categorías 01, 02 y 05 pasan de tener una vigencia de cuatro años a solo dos años después de los 65 años. Mientras que las categorías profesionales 03 y 04 reducen su período de renovación de tres años a apenas uno.
Seguridad vial vs igualdad constitucional
La institución sostiene que el objetivo es garantizar evaluaciones médicas más frecuentes y preservar la seguridad vial. Y ciertamente, nadie discute que conducir requiere condiciones físicas y mentales adecuadas.
Pero el debate comienza cuando el criterio aplicado es únicamente la edad.
La Constitución dominicana, en su artículo 39, establece el principio de igualdad y prohíbe toda discriminación injustificada. Y precisamente ahí surge la preocupación jurídica y social:
¿puede presumirse automáticamente que una persona pierde capacidades únicamente por haber cumplido 65 años?
Las estadísticas muestran otra realidad
Los datos de seguridad vial en República Dominicana reflejan que los grupos con mayor incidencia en accidentes y mortalidad vial no son precisamente los adultos mayores.
Gran parte de las muertes por accidentes de tránsito se concentra entre jóvenes y adultos de 15 a 34 años, especialmente motociclistas y conductores masculinos.
Entonces aparece una pregunta inevitable:
si los adultos mayores no encabezan las estadísticas de accidentes, ¿por qué se les aplica una restricción administrativa especial basada únicamente en la edad?
La capacidad no depende solo de la edad
El debate no debe interpretarse como un rechazo a las evaluaciones médicas. Al contrario: los controles periódicos son necesarios para cualquier conductor.
Lo cuestionable es que el Estado cree una presunción automática de deterioro basada únicamente en la edad cronológica.
Porque no todos envejecen igual.
Existen ciudadanos de 70 años con excelentes condiciones físicas y mentales, mientras también hay conductores jóvenes que representan riesgos constantes por:
- exceso de velocidad,
- imprudencia,
- consumo de alcohol,
- o manejo temerario.
La capacidad de conducir no puede medirse únicamente por la fecha de nacimiento.
El debate económico también existe
Otro punto que genera cuestionamientos es el aspecto económico.
Si un ciudadano menor de 65 años paga por una licencia con vigencia de cuatro años, pero un adulto mayor debe renovar cada dos años pagando prácticamente el mismo monto, entonces la discusión deja de ser exclusivamente administrativa.
Se convierte también en una carga económica diferenciada basada en la edad.
Y eso inevitablemente abre un debate constitucional sobre proporcionalidad y trato igualitario.
Un debate que merece equilibrio
La República Dominicana necesita políticas modernas de seguridad vial. Pero esas políticas deben construirse sobre:
- evidencia científica,
- evaluaciones individualizadas,
- razonabilidad,
- proporcionalidad,
- y respeto a los derechos fundamentales.
Porque proteger vidas nunca debe convertirse en excusa para reducir derechos sin sensibilidad humana y sin un equilibrio adecuado entre seguridad y dignidad ciudadana.