La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) publicó este 30 de septiembre su Estudio de Integridad de la República Dominicana, un informe de 294 páginas que reconoce reformas recientes, pero también identifica brechas en la aplicación de normas, el manejo de conflictos de interés, la protección a denunciantes y la transparencia del cabildeo.
El documento evalúa el sistema dominicano de integridad pública y plantea recomendaciones para reforzar la coordinación institucional, el acceso a la información, la auditoría, la investigación de faltas y la supervisión de actividades de influencia sobre las decisiones públicas.
Qué avances reconoce la OCDE
La OCDE señala que el país ha construido un marco legal e institucional de integridad y destaca iniciativas como las comisiones de integridad y cumplimiento regulatorio en las instituciones públicas y el desarrollo de una estrategia nacional en la materia.
Al mismo tiempo, advierte que la coordinación entre organismos sigue siendo en buena medida informal y recomienda establecer mecanismos permanentes que permitan definir responsabilidades, compartir información y dar seguimiento a las políticas de integridad.
Conflictos de interés y declaraciones patrimoniales
Uno de los puntos centrales del estudio es la gestión de los conflictos de interés. Según la OCDE, el marco dominicano contiene prohibiciones e incompatibilidades, pero necesita procedimientos más completos para declarar, gestionar y mitigar posibles conflictos.
El organismo también recomienda fortalecer la presentación, verificación, inspección y control de las declaraciones juradas de patrimonio, así como precisar las responsabilidades de las instituciones encargadas de orientar y fiscalizar estos procesos.
Protección a denunciantes y régimen de sanciones
La revisión sostiene que los mecanismos para reportar irregularidades existen, pero están fragmentados y ofrecen una protección limitada a quienes denuncian. Entre sus recomendaciones figura crear un marco integral que garantice confidencialidad, canales claros de reporte y protección frente a represalias.
También plantea desarrollar reglas comunes para las investigaciones disciplinarias y las sanciones por faltas de integridad, además de fortalecer la coordinación entre los organismos que reciben denuncias o investigan posibles violaciones.
La OCDE pide reglas claras para el cabildeo
El informe señala que República Dominicana no cuenta con un marco integral para regular el cabildeo y otras actividades de influencia. La OCDE recomienda una legislación que defina qué se considera cabildeo, establezca un registro obligatorio y fije estándares de conducta y supervisión.
En materia de financiamiento político, el organismo reconoce la existencia de un marco normativo, pero apunta a brechas de implementación y verificación. Sus recomendaciones incluyen mejorar la estandarización y oportunidad de los reportes financieros, reforzar las capacidades de auditoría y fortalecer el régimen de sanciones. Estas observaciones corresponden al diagnóstico de la OCDE y no constituyen por sí mismas decisiones adoptadas por las autoridades dominicanas.
Qué sigue en República Dominicana
La presentación del estudio coincide con el avance de la Estrategia Nacional de Integridad Pública 2026-2036. Durante el acto oficial, el Gobierno informó que la intención es utilizar las recomendaciones del estudio como parte de una hoja de ruta con objetivos, responsabilidades e indicadores.
El valor práctico del informe estará en cuánto de esas recomendaciones se traduzca en cambios normativos, controles verificables y mecanismos de seguimiento. La OCDE pone especial énfasis en que las reformas no se queden solo en normas, sino que tengan aplicación efectiva en la administración pública.
Fuentes: OCDE y Presidencia de la República.
Acerca del autor
