Más de 53 mil órdenes de arresto pendientes y más de 50 mil personas requeridas por la justicia. Las cifras divulgadas por la Policía Nacional no deberían pasar como una estadística más dentro de la discusión sobre seguridad ciudadana que vive República Dominicana.
De acuerdo con los datos presentados por la institución, existen 53,877 órdenes de arresto pendientes contra 50,865 personas. La diferencia se explica porque algunas personas acumulan más de un requerimiento.
Pero la verdadera pregunta no está en esos 3,012 requerimientos adicionales.
¿Cómo permitió el sistema que se acumularan tantas órdenes sin ejecutar? ¿Y quién falló?
Una orden no puede terminar archivada en una computadora
Una orden de arresto no es una condena. Toda persona requerida conserva el derecho a defenderse, ser presentada ante la autoridad correspondiente y recibir las garantías del debido proceso.
Pero una orden tampoco puede convertirse simplemente en un número almacenado durante meses o años en una base de datos. Cuando un tribunal emite un requerimiento de arresto, existe una decisión judicial que debe ser tramitada y ejecutada conforme a la ley.
Por eso, conocer que existen decenas de miles pendientes obliga a mirar mucho más allá de la cifra.
¿Cuántas fueron emitidas este año? ¿Cuántas corresponden a años anteriores? ¿Cuánto tiempo lleva pendiente la más antigua? ¿Cuántas pertenecen a personas que realmente no han podido ser localizadas? ¿Cuántas corresponden a individuos que acumulan varios requerimientos?
Sin esas respuestas resulta imposible determinar dónde está el verdadero cuello de botella.
No todo puede cargarse a la Policía
Sería demasiado sencillo señalar inmediatamente a la Policía Nacional como única responsable. Las cifras conocidas no permiten establecer por sí solas qué institución explica el volumen acumulado ni en qué proporción.
El problema involucra un engranaje más amplio: Ministerio Público, tribunales, Policía Nacional y los sistemas de información y coordinación entre estas instituciones forman parte de una cadena que debe funcionar para que una persona requerida termine compareciendo ante la justicia.
Si una parte de esa cadena falla, el resultado puede ser exactamente el que estamos viendo: miles de órdenes acumulándose.
Por eso este debate no debería utilizarse simplemente para buscar culpables políticos o institucionales. Debería servir para identificar qué parte del sistema no está funcionando con la velocidad y coordinación necesarias.
El dato más preocupante está dentro de los hogares
Hay una cifra que merece una atención especial. Según los datos divulgados por la Policía, 17,635 de las órdenes pendientes están relacionadas con violencia intrafamiliar.
Es la categoría individual con mayor número de órdenes dentro del desglose presentado, por encima de robo, agresión física y otras clasificaciones.
Detrás de una parte importante de esos expedientes puede existir una persona que acudió al sistema buscando protección: una mujer, un hombre, un niño o una familia que espera una respuesta institucional.
Y cuando hablamos de violencia intrafamiliar, el tiempo puede marcar la diferencia entre detener una escalada de violencia o terminar lamentando una tragedia.
Personas con múltiples órdenes y registros
Las autoridades confirmaron que algunas personas tienen más de una orden de arresto pendiente. Además, la Policía ha divulgado casos de individuos con múltiples registros policiales.
Es importante no confundir ambas categorías: un registro o una antigua ficha policial no equivale necesariamente a una orden judicial de arresto.
Aun así, la existencia de personas con varios requerimientos abre otra pregunta incómoda: ¿cómo puede alguien acumular múltiples órdenes sin ser presentado ante la justicia?
No significa necesariamente que cada caso responda a negligencia institucional. Puede haber personas difíciles de localizar, cambios de jurisdicción, problemas de actualización de datos, situaciones procesales distintas u otras circunstancias que deberán ser explicadas.
Pero precisamente por eso se necesita información. Cuando hablamos de 53,877 órdenes, ya no estamos frente a casos aislados, sino ante un volumen suficientemente grande como para exigir un diagnóstico nacional.
El debate policial tiene otra cara
Durante las últimas semanas el país ha discutido intensamente las actuaciones de la Policía Nacional: los llamados intercambios de disparos, las entregas voluntarias de personas requeridas, el uso legítimo de la fuerza, los derechos de quienes son perseguidos y la obligación del Estado de respetar siempre el debido proceso.
Todo eso debe discutirse.
Pero las 53,877 órdenes pendientes agregan una pregunta anterior a esas discusiones: ¿por qué había tantas personas requeridas todavía fuera del alcance de la justicia?
No podemos concentrarnos únicamente en lo que ocurre cuando finalmente aparece una persona buscada. También debemos preguntarnos qué ocurrió durante todo el tiempo anterior.
Necesitamos respuestas, no solamente números
La publicación de estos datos es importante. Ahora hace falta el siguiente paso.
El país debería conocer la antigüedad de esas órdenes, su distribución por provincias, cuántas se ejecutan mensualmente, cuántas corresponden a personas con múltiples requerimientos y qué estrategia existe para reducir significativamente ese acumulado.
Y existe otra cuestión fundamental: ¿qué ocurrirá a partir de ahora?
Revelar que existen más de 53 mil órdenes pendientes sin presentar simultáneamente una estrategia medible para enfrentarlas dejaría el problema exactamente en el mismo lugar.
El país necesita metas, seguimiento, coordinación institucional y resultados verificables.
¿Quién falló?
Quizás la respuesta final no sea una sola institución.
Puede haber órdenes recientes mezcladas con otras antiguas, personas difíciles de localizar, problemas tecnológicos, falta de coordinación, limitaciones operativas o expedientes acumulados durante distintas administraciones.
Eso tendrá que determinarse con información que todavía no ha sido divulgada con suficiente detalle.
Pero una cosa sí resulta clara: 53,877 órdenes pendientes representan un volumen que merece una explicación pública y un plan de respuesta.
La seguridad ciudadana no consiste únicamente en patrullar más calles o realizar más operativos. También consiste en conseguir que las decisiones del sistema de justicia puedan ejecutarse dentro del marco de la ley.
Porque una orden de arresto que permanece indefinidamente pendiente no protege a una víctima, no presenta al requerido ante un juez, no resuelve un expediente y no fortalece la confianza de la ciudadanía en las instituciones.
Por eso, ante más de 53 mil órdenes pendientes, la pregunta no debe utilizarse simplemente para señalar con el dedo. Debe utilizarse para corregir.
¿Quién falló?
Y, más importante todavía: ¿qué vamos a hacer para que no vuelva a ocurrir?
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