Santo Domingo.– El director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, aclaró este jueves que la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) no mantiene una investigación de oficio abierta sobre las nuevas adjudicaciones del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE), aunque confirmó que existen recursos presentados por proveedores que deberán ser conocidos conforme al procedimiento administrativo.
La precisión surge en medio de cuestionamientos sobre contrataciones para zapatos y otros componentes de la utilería escolar correspondiente al próximo período lectivo, procesos que han vuelto a colocarse bajo escrutinio por los antecedentes registrados en 2025.
DGCP dice que no puede decidir bajo presión
Pimentel sostuvo que el órgano rector de las contrataciones públicas no puede adoptar decisiones únicamente por denuncias difundidas públicamente ni por presiones de sectores vinculados a los procesos.
“La Dirección de Contrataciones Públicas no puede actuar con presión, tiene que actuar de manera objetiva, debe cumplir el debido proceso”, afirmó.
El funcionario señaló que cualquier actuación de la DGCP debe sustentarse en evidencias verificables, expedientes administrativos y las reglas establecidas para cada tipo de reclamación.
Sí existen recursos de proveedores
Aunque no hay una investigación de oficio abierta sobre las nuevas adjudicaciones cuestionadas, Pimentel confirmó que la DGCP ha recibido recursos de proveedores participantes.
Esas reclamaciones deberán ser examinadas por separado y no implican, por sí mismas, que se haya determinado una irregularidad.
La diferencia es relevante: una investigación de oficio es iniciada directamente por la DGCP para examinar posibles violaciones, mientras un recurso administrativo surge cuando una parte impugna una actuación dentro de un procedimiento de contratación.
Zapatos escolares están entre los procesos cuestionados
Parte de las interrogantes se concentra en adjudicaciones vinculadas con el suministro de zapatos escolares y otros artículos destinados a estudiantes del sistema educativo público.
Pimentel explicó que todavía no corresponde concluir que determinados proveedores carecen de capacidad para cumplir mientras no haya llegado la etapa en la que el INABIE reciba y verifique los bienes contratados.
Según su planteamiento, será durante la recepción cuando pueda comprobarse si los suplidores entregaron las cantidades requeridas, cumplieron las especificaciones técnicas y respetaron las demás obligaciones asumidas.
Nuevas compras buscan completar la utilería 2026-2027
Durante marzo de este año, el INABIE lanzó tres procesos complementarios para completar la utilería escolar del período 2026-2027.
Las contrataciones abarcan poloshirts y pantalones, mochilas y kits escolares, así como zapatos, bajo las referencias INABIE-MAE-PEUR-2026-0001, INABIE-MAE-PEUR-2026-0002 e INABIE-MAE-PEUR-2026-0003.
Esos procesos fueron convocados después de anulaciones y reevaluaciones ordenadas en procedimientos anteriores, con el objetivo de cubrir cantidades pendientes para el nuevo año escolar.
El antecedente de 2025 mantiene el tema bajo vigilancia
Los cuestionamientos actuales adquieren mayor peso por lo ocurrido en agosto de 2025, cuando la DGCP anuló 25 adjudicaciones de calzado escolar correspondientes al proceso INABIE-CCC-LPN-2024-0012.
En aquella investigación de oficio, Contrataciones Públicas determinó que 31 contratos presentaban deficiencias y vicios de procedimiento que afectaban su validez.
La resolución identificó problemas relacionados con evaluaciones técnicas y administrativas y concluyó que se habían producido actuaciones contrarias a principios de transparencia, igualdad y libre competencia.
Ese antecedente, sin embargo, corresponde a un procedimiento anterior y no permite concluir automáticamente que las nuevas adjudicaciones presentan las mismas irregularidades.
Pimentel advierte sobre intereses alrededor de las contrataciones
El director de la DGCP también llamó la atención sobre los intereses que suelen rodear los procesos de gran volumen económico y elevada participación empresarial.
Sostuvo que algunas personas que intervienen públicamente en estas discusiones pueden representar intereses de grupos de proveedores que históricamente han competido por contratos del Estado.
El funcionario no identificó empresas ni personas específicas al realizar ese señalamiento.
Los reclamos seguirán su curso
El escenario planteado por Pimentel distingue dos situaciones: no existe una investigación de oficio abierta sobre las nuevas adjudicaciones del INABIE, pero sí hay recursos administrativos de proveedores pendientes de conocimiento.
La DGCP deberá decidir esos reclamos conforme a los expedientes y al debido proceso. Si durante su análisis aparecen elementos que justifiquen otras actuaciones, corresponderá al órgano rector determinar los pasos procedentes dentro del marco legal.
Mientras tanto, las nuevas contrataciones seguirán bajo atención pública por su impacto en la distribución de útiles y uniformes escolares y por los antecedentes registrados en procesos anteriores.
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