Santo Domingo.– El director general de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García, dispuso un plazo máximo de 30 días para que los funcionarios policiales obligados por ley presenten su declaración jurada de patrimonio ante la Cámara de Cuentas de la República Dominicana.
La instrucción figura en un memorándum interno fechado este sábado 22 de agosto de 2026, divulgado por medios nacionales, en el que el titular policial advierte que quienes incumplan la disposición podrán ser destituidos de la función que ocupan y sancionados conforme a los reglamentos internos de la institución.
¿Quiénes están alcanzados por la disposición?
El documento está dirigido a directores centrales, regionales y de áreas, así como a comandantes departamentales que se encuentren dentro de los funcionarios obligados por la Ley 311-14 sobre Declaración Jurada de Patrimonio y su reglamento de aplicación, aprobado mediante el Decreto 92-16.
La Ley 311-14 incluye entre los sujetos obligados en la Policía Nacional al jefe y subjefe de la institución, los encargados departamentales y regionales, además de otros oficiales que ocupen posiciones de mando operativo o de administración.
El plazo fijado en la comunicación es de hasta 30 días contados a partir de la recepción del memorándum.
Incumplimiento tendría consecuencias administrativas
La comunicación establece una consecuencia directa para los oficiales alcanzados por la obligación que no entreguen la documentación dentro del período señalado.
Según el contenido del memorándum divulgado, quienes no cumplan quedarían inmediatamente destituidos de la función que desempeñan y sujetos a las sanciones previstas en los reglamentos vigentes de la Policía Nacional.
La disposición también fue remitida a la Inspectoría General y a la Dirección de Asuntos Internos, dependencias vinculadas a la supervisión, disciplina y control interno dentro del cuerpo del orden.
Qué establece la Ley 311-14
La Ley 311-14 creó el sistema de declaraciones juradas de patrimonio para determinados funcionarios y servidores públicos. Su finalidad es facilitar la transparencia y la fiscalización de los bienes, ingresos, activos y obligaciones de quienes ocupan posiciones incluidas en la normativa.
El marco legal dispone, entre otros supuestos, la presentación de la declaración dentro de los 30 días siguientes a la toma de posesión y también contempla actualizaciones por nuevo nombramiento, movimiento de cargo, cese de funciones o requerimiento de la autoridad competente.
Las declaraciones son presentadas ante la Cámara de Cuentas, institución encargada de recibirlas y desarrollar los procesos de evaluación y fiscalización correspondientes.
Una medida al inicio de la nueva gestión policial
Rodríguez García fue designado director general de la Policía Nacional por el presidente Luis Abinader el 17 de agosto de 2026, mediante el Decreto 558-26, que además dispuso su ascenso al rango de mayor general.
La orden sobre las declaraciones patrimoniales se produce pocos días después de su llegada a la jefatura policial y en medio de cambios realizados en distintas direcciones centrales, regionales, de áreas y mandos departamentales.
El 20 de agosto, la Policía Nacional informó oficialmente sobre una serie de nuevas designaciones impulsadas por Rodríguez García con el objetivo declarado de fortalecer la operatividad, la prevención del delito y la proximidad con la ciudadanía.
Con el nuevo memorándum, la gestión incorpora el cumplimiento de las obligaciones patrimoniales como parte de sus primeras disposiciones de control administrativo para los mandos sujetos a la legislación vigente.
Acerca del autor
