El denominado caso SeNaSa dejó de ser una investigación preliminar para convertirse en un proceso judicial con implicados concretos, imputaciones formales y decisiones ya adoptadas por parte de la justicia. Existen personas procesadas y, en algunos casos, sometidas a medidas de coerción severas, incluyendo prisión preventiva de hasta 18 meses, lo que evidencia que los tribunales han considerado suficientes los elementos presentados por el Ministerio Público para avanzar en este expediente.
Este punto es fundamental: aquí no se habla de rumores ni de condenas mediáticas, sino de actuaciones judiciales formales que confirman la gravedad de los hechos investigados. El país observa un proceso que toca una de las áreas más sensibles del Estado dominicano: la salud pública.
Sin embargo, la firmeza del proceso no puede ser selectiva. Así como se ha actuado frente a personas con vínculos políticos, los empresarios involucrados deben recibir exactamente el mismo trato, sin privilegios derivados de su poder económico, su capacidad de presión o sus relaciones de influencia. La justicia pierde legitimidad cuando castiga por apellido político, pero concede indulgencia por poder financiero.
En ese mismo orden, resulta indispensable que el criterio de oportunidad no sea utilizado como una puerta de escape para quienes hayan sustraído recursos destinados a la salud del pueblo dominicano. Devolver dinero robado no puede convertirse en una fórmula para evadir consecuencias penales y regresar tranquilamente a casa, como si nada hubiera ocurrido. Cuando se trata de fondos de la salud pública, el daño no es solo económico: es humano, social y moral.
La ciudadanía no acepta —ni debe aceptar— que quienes jugaron con medicamentos, tratamientos, servicios médicos o aportes del sistema de seguridad social negocien su responsabilidad penal a cambio de una devolución parcial o total de lo sustraído. El mensaje sería devastador: robar mucho, devolver una parte y seguir adelante sin consecuencias reales.
Este proceso debe marcar un antes y un después. Debe ser un ejemplo contundente, tanto para los actores políticos como para los empresarios, de que la salud pública no es un botín negociable y de que la ley no se aplica en función del poder, sino del daño causado a la sociedad.
Desde Diario El Caribeño reiteramos una posición firme: la justicia debe ser proporcional, coherente y ejemplar. El criterio de oportunidad no puede convertirse en sinónimo de impunidad elegante, ni en un privilegio reservado para quienes pueden pagarla.
La sociedad dominicana observa con atención. Porque cuando se juega con la salud del pueblo, no basta con devolver el dinero: hay que responder ante la justicia con todo el peso de la ley.
Editorial
Diario El Caribeño
