En el debate dominicano sobre seguridad se repite con frecuencia una comparación: los resultados obtenidos por el Gobierno de Nayib Bukele frente a las pandillas de El Salvador. Se comparten videos, se citan las cifras de homicidios y no falta quien pregunte cuándo tendremos en República Dominicana una respuesta igual de contundente contra la delincuencia.
Pero esa admiración convive con una contradicción que merece discutirse.
Queremos resultados firmes contra el crimen, pero cuando las autoridades dominicanas intensifican la persecución contra personas requeridas por la justicia, una parte del debate cambia de inmediato.
La Policía Nacional ha enviado en estos días un mensaje directo: quien tenga asuntos pendientes con la justicia debe entregarse voluntariamente. El director general de la institución, mayor general Ernesto Rodríguez García, reiteró este 28 de septiembre que las personas requeridas pueden presentarse en los destacamentos o incluso en su despacho para ser sometidas al proceso correspondiente con apego a la Constitución, las leyes y los derechos fundamentales.
La exhortación no ocurre en el vacío. La Dirección Central de Investigación (DICRIM) reportó 67 entregas voluntarias de personas requeridas por las autoridades durante septiembre de 2026, vinculadas a investigaciones por homicidios, robos, agresiones, tentativas de homicidio, infracciones de armas, estafas y otros hechos.
Ese es el camino que debe privilegiarse: entregarse, permitir que el Ministerio Público investigue, contar con asistencia legal, presentar la defensa correspondiente y dejar que sean los tribunales quienes determinen la responsabilidad de cada persona.
Quien es requerido por la justicia también tiene una decisión que tomar
Una sociedad organizada no puede aceptar que una persona contra la que existe una orden judicial decida simplemente que no se someterá al proceso.
Mucho menos puede normalizarse que alguien reciba con armas a los agentes que llegan a ejecutar un arresto.
Ahora bien, hay una distinción indispensable: cuando la Policía informa que una persona disparó contra una patrulla, esa es inicialmente una versión policial. Debe ser investigada, sustentada con evidencias y sometida al escrutinio correspondiente.
Pero tampoco es razonable construir una narrativa en la que el agente tenga que dejarse disparar antes de proteger su vida o la de terceros.
Los policías también tienen familias. También tienen hijos. También quieren regresar vivos a sus casas. El uniforme no convierte a un ser humano en un blanco.
El propio Reglamento sobre el Uso de la Fuerza de la Policía Nacional establece que la actuación debe ser racional, progresiva y proporcional. La institución reiteró en enero de 2026 que los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad deben regir cada intervención.
Por tanto, si durante un procedimiento legítimo un agente enfrenta una agresión armada que representa un peligro real e inminente para su vida o la de terceros, puede responder dentro de los límites que establece la ley. La fuerza letal no es una licencia para matar: es un recurso excepcional cuya justificación depende de las circunstancias concretas y debe ser investigada cuando produce una muerte.
No podemos pedir mano dura solamente cuando ocurre una tragedia
Cuando asesinan a un comerciante, exigimos mano dura. Cuando atracan a una familia, pedimos una respuesta más fuerte. Cuando una banda aterroriza un sector, preguntamos dónde está la Policía. Cuando matan a una persona para quitarle un celular, exigimos que aparezcan los responsables.
Pero cuando la Policía comienza a perseguir activamente a personas requeridas por delitos graves, a veces aparece una expectativa imposible: resultados sin confrontación, persecución sin riesgo y una Policía firme que nunca tenga que utilizar la fuerza.
La realidad no siempre permite ese escenario.
Hay personas buscadas que se entregan. Esa debe ser siempre la primera opción. El dato de las 67 entregas voluntarias registradas durante septiembre demuestra que ese camino existe.
También existen casos en los que la Policía afirma haber sido recibida a tiros durante operaciones de arresto. Cada caso debe comprobarse de manera independiente, pero el Estado no puede renunciar a ejecutar órdenes judiciales porque exista riesgo.
El Salvador: resultados extraordinarios y costos que también deben discutirse
Quienes utilizan constantemente a El Salvador como ejemplo deberían mirar el modelo completo.
El Gobierno de Nayib Bukele puso en marcha una política de seguridad extraordinariamente severa contra las pandillas. El país mantiene desde marzo de 2022 un régimen de excepción que ha permitido detenciones masivas y la suspensión de determinadas garantías.
Los resultados oficiales en homicidios son extraordinarios. El Ministerio de Seguridad Pública y Justicia salvadoreño informó que 2025 cerró con 82 homicidios y una tasa de 1.3 por cada 100,000 habitantes. La Asamblea Legislativa, al aprobar el 23 de septiembre de 2026 la prórroga número 55 del régimen de excepción, indicó que más de 93,000 personas habían sido capturadas desde el inicio de la medida.
Esas cifras ayudan a explicar por qué el modelo tiene tantos admiradores dentro y fuera de El Salvador.
Pero existe otra parte de la historia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos reiteró en abril de 2026 su preocupación por la prolongación del régimen de excepción y por denuncias de detenciones ilegales y arbitrarias, afectaciones al debido proceso, tortura y muertes bajo custodia.
Por eso República Dominicana no necesita copiar ciegamente a El Salvador. Necesita construir su propio modelo: firme contra el crimen, pero dentro de la ley.
Mano firme no significa cheque en blanco
Respaldar el derecho de un policía a proteger su vida frente a una agresión armada no equivale a otorgarle permiso para hacer cualquier cosa.
Cada muerte producida durante una intervención policial debe ser investigada. Si hubo un enfrentamiento, que las evidencias lo demuestren. Que aparezcan las armas ocupadas y las experticias balísticas. Que se revisen las cámaras disponibles. Que intervenga el Ministerio Público. Que se reconstruya el hecho con rigor.
Y si un agente actuó fuera de la ley, también debe responder.
Eso no debilita a la Policía. Una institución que actúa correctamente debe poder demostrar cómo actuó.
Los derechos humanos protegen a todos
A veces la conversación sobre derechos humanos se reduce exclusivamente a la persona perseguida por las autoridades. Eso también es un error.
Tiene derechos el comerciante que quiere trabajar sin ser atracado. La mujer que quiere llegar tranquila a su casa. El joven que quiere utilizar su teléfono en una esquina sin que se lo quiten a punta de pistola. El taxista que quiere terminar su jornada vivo. La familia que quiere dormir sin escuchar disparos.
También los tiene la persona acusada, que conserva su presunción de inocencia y su derecho al debido proceso. Y los tiene el policía que sale de servicio esperando regresar con vida.
El Estado tiene la obligación de protegerlos a todos.
Entréguese
El mensaje a quien tenga una orden de arresto debería ser inequívoco:
Entréguese.
No convierta una orden de arresto en una confrontación que pueda terminar con un agente herido, un ciudadano afectado o usted mismo muerto.
Entréguese y enfrente el proceso con un abogado. Permita que investigue el Ministerio Público. Presente sus argumentos ante los tribunales. Eso es lo que corresponde en un Estado de derecho.
Ni ingenuidad ni abuso
República Dominicana no necesita escoger entre dos extremos.
No necesitamos una Policía paralizada por miedo a actuar. Tampoco necesitamos una Policía sin controles.
Necesitamos agentes preparados para perseguir a quienes son requeridos por la justicia, utilizar proporcionalmente la fuerza cuando resulte legalmente necesario y respetar la vida y la integridad de quien se rinde.
Necesitamos personas acusadas ante los tribunales, no condenadas de antemano en la calle.
Necesitamos investigaciones transparentes cuando alguien muere durante una operación.
Y necesitamos dejar de pedir soluciones extraordinarias en otros países mientras rechazamos cualquier intento legítimo de fortalecer la autoridad en el nuestro.
Si admiramos que otro país haya reducido drásticamente sus niveles de violencia y debilitado estructuras criminales que durante años controlaron comunidades, entonces discutamos seriamente qué estamos dispuestos a hacer aquí para recuperar las nuestras.
Pero hagámoslo dentro de nuestra Constitución. Dentro de nuestras leyes. Y con una regla que debe valer para todos:
el delincuente no puede imponerse sobre el ciudadano, pero tampoco nadie puede imponerse sobre la ley.
La Policía debe perseguir. El Ministerio Público debe investigar. Los jueces deben juzgar.
Y quien es requerido por la justicia tiene una alternativa mucho mejor que enfrentarse a tiros con los agentes:
entréguese.
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