Hay crímenes que golpean por su número y otros que golpean por lo que representan.
La muerte de Zeneida Socorro Castillo, esposa del merenguero Julián Oro Duro, dentro de su residencia en Brisa Oriental VI, pertenece a esta segunda categoría. El artista también resultó agredido y tuvo que recibir atención médica. La Policía Nacional y el Ministerio Público mantienen abierta la investigación para establecer todas las circunstancias del hecho, identificar a los responsables y determinar el móvil.
Hasta ahora permanecen preguntas esenciales sin respuesta. Las autoridades buscan precisar cuándo penetraron los atacantes a la vivienda y en qué momento ocurrió la muerte de Castillo. Esa cautela importa: en un caso de semejante impacto público, las versiones todavía no confirmadas no deben ocupar el lugar de los hechos comprobados.
Pero también importa entender por qué este crimen produce una conmoción que rebasa sus circunstancias particulares.
La casa representa, para la mayoría de las personas, la última frontera de la seguridad. Podemos asumir que existen riesgos en una calle, en una carretera o en determinados espacios públicos. Cuando la violencia atraviesa la puerta de una vivienda, sin embargo, toca uno de los símbolos más elementales de protección.
Y ahí aparece una contradicción que la política de seguridad no puede ignorar: una cosa es que el país mejore estadísticamente y otra que el ciudadano se sienta seguro. Una estrategia eficaz necesita avanzar en ambas dimensiones.
Los números importan, pero no cuentan toda la historia
Sería incorrecto concluir, a partir de varios hechos violentos recientes, que la delincuencia está aumentando en toda la República Dominicana. Los datos oficiales obligan a ser más cuidadosos.
La Fuerza de Tarea Conjunta informó que, con corte al 11 de septiembre de 2026, la tasa acumulada de homicidios se situó en 7.41 por cada 100,000 habitantes. Según el reporte oficial, el 80 % de los territorios evaluados mantenía tasas de un solo dígito y el indicador nacional permanecía por debajo de los registros de años anteriores.
Ese descenso debe reconocerse. Negarlo por la impresión que dejan varios crímenes de alto impacto sería sustituir los datos por emociones.
Pero cometeríamos el error contrario si pretendiéramos que una tasa nacional responde, por sí sola, a todas las inquietudes de la población.
Una tasa de homicidios mide una dimensión concreta de la violencia. No mide completamente el miedo a ser atracado, la experiencia de una comunidad determinada, el impacto emocional de un crimen especialmente brutal ni la confianza con que una familia cierra la puerta de su casa por la noche.
Por eso pueden coexistir dos realidades sin que una anule a la otra: indicadores generales que mejoran y ciudadanos que continúan sintiendo temor.
Las muertes en intervenciones policiales también exigen respuestas
A esta discusión se suma otro fenómeno que tampoco puede analizarse con consignas.
Un recuento periodístico de Diario Libre publicado este 21 de septiembre contabilizó 21 personas fallecidas en diez días en acontecimientos con participación policial. El mismo levantamiento situó en 23 las muertes registradas durante septiembre y en 180 el acumulado de 2026.
Es importante subrayar que se trata de un conteo periodístico y no de un consolidado oficial definitivo. Precisamente por eso, cada caso debe ser establecido sobre sus propias evidencias y mediante los procedimientos correspondientes.
El Estado tiene la obligación de perseguir a quienes cometen delitos. Y un agente que enfrenta una agresión armada tiene derecho a defender su vida. Pero esa realidad no elimina la obligación institucional de investigar cualquier actuación que termine con una persona muerta y determinar si el uso de la fuerza estuvo justificado.
La seguridad ciudadana no puede medirse por la cantidad de presuntos delincuentes que mueren. Su verdadero éxito está en conseguir que haya menos atracos, menos homicidios, menos víctimas y más responsables identificados, detenidos y llevados ante la justicia.
Contundencia no puede sustituir investigación y justicia
El presidente Luis Abinader pidió este lunes a los responsables del ataque contra Julián Oro Duro y su esposa que se entreguen y advirtió que, si no lo hacen, “les va a ir peor”.
La indignación frente a un crimen de esta naturaleza exige una respuesta firme del Estado. Pero la contundencia no puede convertirse en sustituto de la investigación.
En este caso, lo decisivo será identificar a los responsables, reconstruir cómo penetraron a la vivienda, determinar qué buscaban, esclarecer la muerte de Zeneida Socorro Castillo y llevar las evidencias ante los tribunales.
Ese resultado permitirá medir algo que ninguna frase puede reemplazar: la capacidad del sistema para transformar una investigación en responsabilidades penalmente establecidas.
Estadística y percepción no son enemigas
Las cifras sirven para saber si una estrategia está produciendo resultados generales. La percepción ciudadana permite detectar aquello que una tasa nacional no alcanza a mostrar.
No hay necesidad de escoger entre ambas.
Que el indicador de homicidios haya descendido es relevante. Que un crimen dentro de una vivienda despierte temor e indignación también lo es. Ninguno de esos hechos, por sí solo, debería utilizarse para negar el otro.
La discusión madura sobre seguridad comienza precisamente ahí: sin desconocer los avances que muestran los datos y sin utilizar esos mismos datos para minimizar la experiencia cotidiana de las personas.
El ciudadano no quiere elegir entre tenerle miedo al delincuente o acostumbrarse a contar muertos después de los operativos. Quiere algo mucho más elemental: poder salir a trabajar, regresar a su casa, cerrar la puerta y sentirse seguro.
Porque al final la seguridad ciudadana no se experimenta en una gráfica. Se experimenta cuando una familia llega a su hogar y puede seguir creyendo que ese espacio continúa siendo, precisamente, su lugar seguro.
Acerca del autor
