
Santo Domingo.– La investigación conocida como SeNaSa 2.0 entró este viernes 18 de septiembre en una nueva fase con allanamientos simultáneos en distintos puntos de República Dominicana y la detención de profesionales de la salud vinculados a las pesquisas.
La titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, confirmó a Noticias SIN la ejecución de los operativos y que entre las personas detenidas figuran médicos.
De manera preliminar, Diario Libre reportó al menos 29 personas detenidas, en su mayoría médicos. Sin embargo, hasta avanzada la mañana la Procuraduría General de la República no había ofrecido un balance oficial definitivo sobre la cantidad de arrestos, por lo que esa cifra debe considerarse provisional.

El Día, por su parte, informó que unos 22 médicos habían sido apresados y trasladados a la Procuraduría para fines de interrogatorio. La diferencia entre ambos reportes evidencia que el operativo seguía en desarrollo y que el número final de involucrados aún no había sido precisado oficialmente.
Qué investiga la Pepca en esta nueva fase
Los allanamientos forman parte de una ampliación de la investigación sobre un presunto esquema de fraude contra el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
Las autoridades buscan establecer posibles responsabilidades de prestadores, profesionales y otras personas relacionadas con operaciones que habrían afectado recursos administrados por la aseguradora estatal.
Hasta el momento, el Ministerio Público no ha divulgado públicamente la imputación individual de cada una de las personas detenidas ni ha detallado cuáles centros médicos, laboratorios u otros establecimientos fueron intervenidos en todos los puntos del país.
Siete médicos son señalados por supuestas facturas de servicios no realizados
Uno de los datos más concretos conocidos durante la mañana fue ofrecido por el abogado Jorge Contreras, quien informó que representa a siete médicos vinculados al proceso, en su mayoría cirujanos ortopédicos.
Según Contreras, sus representados son investigados por la supuesta emisión de facturas correspondientes a procedimientos o servicios que no habrían sido realizados. El abogado indicó además que varios de ellos ya habían sido interrogados anteriormente por las autoridades.
Ese señalamiento proviene de la defensa y no sustituye una formulación oficial de cargos por parte del Ministerio Público. La Pepca todavía debe precisar las conductas atribuidas individualmente y determinar quiénes serán sometidos formalmente ante los tribunales.
El número de detenidos todavía no es definitivo
La cifra de 29 personas ha sido difundida como información preliminar, mientras otros reportes sitúan en alrededor de 22 la cantidad de médicos trasladados para interrogatorio.
La diferencia es relevante porque no toda persona detenida o conducida para fines de investigación necesariamente será presentada ante un tribunal o incluida como imputada en una solicitud de medida de coerción.
Hasta que la Procuraduría publique un balance oficial, debe distinguirse entre personas detenidas, interrogadas, investigadas y formalmente imputadas.
El antecedente de la Operación Cobra
La primera fase del expediente comenzó a judicializarse a finales de 2025 con la denominada Operación Cobra, que incluyó al exdirector de SeNaSa Santiago Hazim, antiguos funcionarios y empresarios vinculados a proveedores de la institución.
El Ministerio Público sostiene que durante esa gestión operó una estructura que habría utilizado contratos, facturaciones y otros mecanismos para desviar recursos públicos. El órgano acusador ha situado el impacto financiero atribuido al presunto esquema en alrededor de RD$16,000 millones.
Esas afirmaciones forman parte de la tesis del Ministerio Público y deberán ser demostradas ante los tribunales. Las personas investigadas o imputadas conservan la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia definitiva.
Qué sigue en el caso SeNaSa 2.0
Las próximas actuaciones deberán aclarar cuántas personas permanecen bajo arresto, cuáles serán formalmente sometidas y qué hechos concretos atribuirá el Ministerio Público a cada una.
También se espera que la Pepca informe si solicitará medidas de coerción y presente evidencias que permitan establecer la relación entre las facturaciones investigadas, los prestadores involucrados y los recursos del seguro público.
La novedad de esta fase radica en que la investigación amplía ahora su foco hacia prestadores y profesionales de la medicina, además de las actuaciones administrativas y empresariales examinadas desde la primera etapa del expediente.
Noticia en desarrollo. Este artículo será actualizado cuando el Ministerio Público divulgue un balance oficial de detenidos e imputaciones.









