Congreso deberá regular por ley el régimen disciplinario de los abogados
Santo Domingo. — El Tribunal Constitucional (TC) declaró inconstitucionales varios artículos que establecían el régimen disciplinario de los abogados en la República Dominicana, al considerar que el Poder Ejecutivo asumió funciones que corresponden al Congreso Nacional.
La decisión está contenida en la sentencia TC/0129/26, mediante la cual el alto tribunal acogió una acción directa de inconstitucionalidad presentada por la abogada Lilia Fernández León contra los artículos 73 al 77 del Decreto 1290 de 1983, que ratificaba el Código de Ética del Colegio de Abogados de la República Dominicana.
TC otorga plazo al Congreso para regular régimen disciplinario
En su decisión, el Tribunal Constitucional estableció que el Congreso Nacional deberá regular mediante ley el régimen disciplinario de los abogados, al tratarse de una materia que implica la creación de infracciones, sanciones y procedimientos que solo pueden ser establecidos por el legislador.
Las disposiciones anuladas contemplaban sanciones disciplinarias que iban desde amonestaciones hasta la inhabilitación perpetua para ejercer la profesión de abogado.
El TC determinó que el Poder Ejecutivo creó mediante decreto un régimen sancionador sin contar con una ley que le otorgara esa facultad, lo que constituye una violación al principio de legalidad.
También declaran inconstitucional artículo de la Ley del Colegio de Abogados
Por conexidad, el tribunal también declaró inconstitucional el artículo 116 de la Ley 3-19, que crea el Colegio de Abogados de la República Dominicana.
Según el TC, esta disposición delegaba en el Código de Ética del Colegio de Abogados la determinación de infracciones y sanciones disciplinarias, una función que constitucionalmente corresponde al Congreso Nacional.
La sentencia también generó votos salvados de tres magistrados, quienes advirtieron que mantener vigente el régimen disciplinario durante el plazo otorgado al Congreso podría afectar derechos fundamentales.
La decisión del Tribunal Constitucional abre ahora el camino para que el Congreso dominicano establezca un nuevo marco legal que regule el régimen disciplinario de los abogados, conforme a los principios constitucionales.
