El caso de Dilenia Ubrí Arias obliga a examinar cómo responden las instituciones cuando una mujer advierte que está siendo acosada. La protección no puede comenzar después de una agresión.
Dilenia Ubrí Arias, de 32 años, sobrevivió a un ataque con machete presuntamente cometido por su expareja en el sector Los Ríos, del Distrito Nacional. Tras recibir el alta médica, continúa recuperándose de heridas que, según la cobertura de Telemicro del 7 de octubre, le dificultan caminar.
Pero su testimonio plantea una pregunta que merece una respuesta institucional: ¿qué ocurrió cuando, según afirma, acudió meses antes a denunciar que estaba siendo acosada?
En declaraciones recogidas por Red Nacional de Noticias (RNN), Dilenia aseguró que visitó la Fiscalía aproximadamente tres meses antes del ataque y que no le recibieron la querella porque no tenía pruebas. Esa es su versión, y corresponde verificarla mediante los registros y las explicaciones de la institución.
Por otra parte, Telemicro informó que familiares, incluida su madre, aseguraron que existía una querella anterior y una orden de alejamiento. No se ha verificado documentalmente esa medida ni sus condiciones.
Ambas versiones exigen una investigación rigurosa. Si existía una orden de protección, corresponde establecer cuándo fue emitida, qué medidas contemplaba, a quién fue notificada y cómo se supervisaba su cumplimiento. Y si la denuncia que Dilenia dice haber presentado no fue recibida, debe determinarse por qué.
Una amenaza no puede esperar a convertirse en agresión
La violencia de género no puede abordarse únicamente a partir de la agresión física. El acoso persistente, las amenazas, la persecución y las conductas de control pueden constituir señales de riesgo que requieren evaluación y respuesta oportuna.
Eso no significa que toda denuncia vaya a terminar en una agresión. Significa que cada advertencia debe ser escuchada y valorada conforme a su gravedad, sin exigir que el peligro se materialice para tomarlo en serio.
El sistema de justicia debe investigar los hechos denunciados y activar, cuando proceda, las medidas de protección previstas en la ley. Esperar una lesión para reconocer un riesgo puede significar llegar demasiado tarde.
La protección exige coordinación y seguimiento
La Policía Nacional, el Ministerio Público y las unidades especializadas necesitan mecanismos efectivos para recibir denuncias, evaluar riesgos y dar seguimiento a las medidas de protección. No basta con entregar un documento.
Una orden de alejamiento, cuando existe, requiere procedimientos claros de notificación, seguimiento y respuesta frente a posibles incumplimientos. También es indispensable que las víctimas sepan qué hacer cuando las amenazas continúan y a quién acudir si consideran que su situación no está siendo atendida.
La propia Dirección de Prevención y Atención a la Violencia del Ministerio de la Mujer describe entre sus funciones la valoración de factores de riesgo y la coordinación de asistencia a víctimas. Esas herramientas deben traducirse en acompañamiento efectivo y respuestas oportunas.
Investigar sin anticipar culpabilidades
El caso de Dilenia debe esclarecerse respetando el debido proceso. Corresponde a las autoridades determinar la responsabilidad penal del señalado como presunto agresor y verificar documentalmente las actuaciones institucionales anteriores al ataque.
No sería correcto afirmar negligencia sin revisar expedientes, comunicaciones y registros ni escuchar a las partes involucradas. Pero tampoco sería aceptable ignorar el testimonio de una mujer que asegura haber solicitado ayuda antes de resultar herida.
Las preguntas concretas siguen abiertas: ¿se registró alguna denuncia?, ¿se evaluó el riesgo?, ¿existió una orden de alejamiento?, ¿qué seguimiento recibió? Responderlas permitiría distinguir entre un fallo en la recepción, en la aplicación de medidas o en el seguimiento, si alguno de ellos se produjo.
Una oportunidad para corregir
La respuesta institucional no debería limitarse al proceso penal posterior al ataque. Este caso debe servir para revisar cómo se reciben las denuncias, qué seguimiento reciben las mujeres amenazadas y qué mecanismos permiten intervenir antes de que la violencia escale.
Para quienes enfrentan situaciones de violencia, el Ministerio de la Mujer dispone de la línea gratuita *212, con orientación y seguimiento. Ante una emergencia o peligro inmediato, la institución recomienda llamar al 9-1-1.
Una sociedad que aspira a proteger a sus ciudadanos necesita un sistema capaz de escuchar las advertencias. Porque la verdadera eficacia de la protección no se mide solamente por cuántos agresores son procesados.
También se mide por cuántas agresiones conseguimos evitar.
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