Editorial | Diario El Caribeño
Las denuncias de cobros elevados y las recientes protestas por interrupciones del servicio eléctrico obligan a fortalecer la fiscalización y la respuesta a los consumidores.
Las protestas registradas esta semana en comunidades del Cibao y la denuncia de un ciudadano de Moca por una factura superior a RD$46,000 vuelven a poner sobre la mesa una pregunta urgente: ¿qué tan efectivos son los mecanismos disponibles para reclamar cuando una familia considera incorrecto su cobro eléctrico?
El 20 de octubre, comunitarios del sector Hato Mayor, en Santiago, marcharon hasta una oficina de Edenorte para reclamar por facturas que consideran excesivas y por la atención a sus quejas. También se reportaron manifestaciones en Villa Bisonó, Navarrete, motivadas por los costos del servicio y las interrupciones del suministro. Estos acontecimientos fueron documentados por Noticia.do y elCaribe.
Entre las denuncias divulgadas figura la de José Reyes, un ciudadano con discapacidad visual residente en Moca, provincia Espaillat, quien asegura haber recibido una factura superior a RD$46,000 pese a utilizar pocos electrodomésticos. Su caso exige una comprobación técnica antes de establecer si hubo un error o alguna responsabilidad. La existencia de la denuncia no demuestra por sí sola una facturación irregular, pero sí justifica una respuesta documentada y comprensible.
Un servicio esencial exige respuestas oportunas
La electricidad no es un lujo. Es indispensable para los hogares, los centros educativos, los hospitales y las actividades productivas. Por eso, cuando se producen interrupciones frecuentes o facturaciones que generan dudas, las distribuidoras deben ofrecer explicaciones claras y soluciones oportunas.
Es importante reconocer que el Gobierno dominicano ha impulsado inversiones y proyectos para fortalecer el sistema eléctrico nacional. Sin embargo, esos esfuerzos deben reflejarse también en la calidad del suministro, la transparencia de los cobros y la confianza de quienes pagan por el servicio.
No basta con anunciar mejoras de infraestructura si muchas familias continúan enfrentando incertidumbre sobre cuánto pagarán o si contarán con electricidad estable.
La fiscalización debe proteger al consumidor
Las distribuidoras tienen derecho a cobrar la energía efectivamente consumida. Los usuarios, por su parte, tienen derecho a recibir una facturación transparente y verificable, ajustada a las disposiciones vigentes. Ambos principios deben respetarse.
Según datos oficiales de la Superintendencia de Electricidad, durante el primer semestre de 2026 PROTECOM recibió 29,833 nuevas reclamaciones y emitió 17,466 decisiones procedentes a favor de usuarios, entre un total de 52,254 decisiones. Son cifras de actividad institucional, no una prueba de irregularidad en cada caso; algunas decisiones corresponden a expedientes de períodos anteriores.
El procedimiento también debe ser ampliamente conocido. La reclamación se presenta primero ante la empresa distribuidora. Si el usuario no está conforme con la respuesta o no recibe contestación en el plazo aplicable, puede acudir a PROTECOM, instancia de la Superintendencia de Electricidad. La información oficial explica los requisitos y plazos de reclamación.
Además de aplicar las normas, las instituciones deben facilitar el acceso a personas mayores, ciudadanos con discapacidad y familias que encuentran barreras para gestionar un reclamo. La revisión de medidores, las verificaciones técnicas y la comunicación con las comunidades afectadas son elementos esenciales para resolver las controversias con rigor.
Una factura extraordinaria no prueba automáticamente una irregularidad, pero tampoco puede convertirse en una carga imposible de cuestionar.
Recuperar la confianza también es parte de la reforma
El sistema eléctrico dominicano enfrenta desafíos históricos relacionados con las pérdidas, la infraestructura, la eficiencia operativa y la sostenibilidad financiera. Superarlos requiere inversiones, decisiones responsables y continuidad en las políticas públicas.
Sin embargo, cualquier transformación del sector debe colocar al ciudadano en el centro de las prioridades. Cuando una comunidad protesta o una familia no logra comprender su factura, las autoridades y las distribuidoras tienen la oportunidad —y la obligación— de responder con información y soluciones verificables.
Desde Diario El Caribeño consideramos que el fortalecimiento del sector eléctrico debe ir acompañado de una supervisión más efectiva de la facturación, respuestas transparentes a las reclamaciones y mejoras sostenidas en la calidad del servicio.
Reconocer los esfuerzos institucionales no significa ignorar las dificultades que todavía enfrentan numerosos hogares. Significa exigir que los recursos invertidos y las medidas adoptadas se traduzcan en resultados concretos.
Ninguna familia debería sentirse indefensa frente a una factura que no comprende ni resignarse a pagar por un servicio cuya calidad considera insuficiente.
La electricidad debe impulsar el bienestar de los dominicanos, no convertirse en una fuente permanente de angustia para sus hogares.
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