Editorial.– República Dominicana lleva décadas hablando de las pérdidas eléctricas como si fueran una anomalía inevitable del sistema. Ya no lo son. Son una carga estructural que termina pagando toda la sociedad.
El dato más reciente obliga a mirar el problema sin excusas: durante el primer semestre de 2026, Edenorte, Edesur y Edeeste perdieron en conjunto 39.1 % de la energía que compraron. Al mismo tiempo, el Estado destinó RD$68,744 millones en subsidios al sector eléctrico, un aumento de 37.9 % frente al mismo período de 2025.
El país no puede normalizar que cerca de cuatro de cada diez unidades de energía adquiridas por sus distribuidoras terminen sin convertirse plenamente en facturación efectiva.
Y tampoco puede aceptar que ese deterioro se convierta año tras año en una transferencia creciente desde el presupuesto público hacia un sistema que todavía no logra resolver uno de sus problemas fundamentales.
El costo no termina en la factura eléctrica
Cuando se habla de subsidios eléctricos suele pensarse únicamente en una cifra presupuestaria.
Pero detrás de cada peso destinado a cubrir déficits del sistema existe un costo de oportunidad.
Son recursos públicos que podrían competir por espacio con escuelas, hospitales, seguridad ciudadana, infraestructura, agua potable, transporte, vivienda o políticas sociales.
Eso no significa que todo subsidio eléctrico sea innecesario. Un sistema energético puede requerir apoyo estatal para proteger a hogares vulnerables, estabilizar tarifas o enfrentar coyunturas extraordinarias.
El problema aparece cuando el subsidio deja de funcionar como una herramienta de protección y termina absorbiendo de manera permanente las consecuencias de ineficiencias, fraude, fallas comerciales y pérdidas técnicas que el país lleva años prometiendo reducir.
No todas las pérdidas son fraude
También conviene evitar simplificaciones.
Las pérdidas eléctricas incluyen componentes técnicos —asociados al transporte y distribución de energía— y pérdidas no técnicas vinculadas con conexiones ilegales, manipulación de medidores, errores comerciales, deficiencias de facturación y otras irregularidades.
Por eso no sería serio atribuir el 39.1 % completo al fraude.
Pero tampoco sería serio esconder detrás de esa complejidad un resultado que sigue siendo extraordinariamente alto.
El propio comportamiento de las empresas muestra diferencias importantes. Edeeste cerró el primer semestre con pérdidas acumuladas de 55.9 %, mientras Edesur registró 32.3 % y Edenorte 26.0 %, según los datos oficiales recopilados por Diario El Caribeño.
Cuando una distribuidora pierde más de la mitad de la energía que adquiere, ya no estamos ante una desviación menor. Estamos ante un problema de sostenibilidad.
El Gobierno reconoce el problema y ha anunciado inversiones
Sería injusto ignorar que existen planes en marcha.
El Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras presentó para 2026 un programa de reducción de pérdidas con metas específicas para las tres EDE y un plan consolidado de inversiones superior a US$600 millones.
La estrategia incluye nuevas subestaciones, rehabilitación de redes, telemedición, control comercial, normalización de usuarios y persecución del fraude eléctrico.
Edeeste, además, inició recientemente el despliegue de 145,000 medidores inteligentes, una herramienta que puede mejorar la lectura del consumo, detectar irregularidades y fortalecer la gestión comercial.
Ese esfuerzo debe reconocerse.
Pero los planes se evalúan por sus resultados.
Las metas deben convertirse en cifras verificables
El propio Gobierno planteó que 2026 debía convertirse en un año de inflexión para las pérdidas eléctricas.
El plan estableció reducciones de 3 puntos porcentuales para Edesur, 2.5 para Edenorte y 5 para Edeeste, con la aspiración de llevar el indicador agregado hacia niveles cercanos al 35 % en el corto plazo.
Por eso el dato de 39.1 % al cierre del primer semestre merece una explicación clara.
¿Qué metas se están cumpliendo?
¿Qué circuitos han reducido pérdidas?
¿Cuántos usuarios han sido normalizados?
¿Cuánto ha mejorado la cobranza?
¿Qué parte del problema responde a redes deterioradas y qué parte a conexiones ilegales o fallas comerciales?
¿Cuánto dinero público se está ahorrando por cada inversión realizada?
Esas son las preguntas que deberían acompañar cada informe trimestral del sector.
El sistema necesita continuidad más allá de los gobiernos
La crisis de distribución eléctrica no nació en esta administración.
Ha atravesado gobiernos, reformas, capitalizaciones, subsidios, pactos, cambios de funcionarios y múltiples programas de reducción de pérdidas.
Precisamente por eso sería un error convertir el debate en una simple disputa partidaria.
La responsabilidad actual corresponde a quienes administran el sistema hoy, pero la solución tiene que ser institucional y suficientemente sólida para sobrevivir a los cambios políticos.
República Dominicana necesita reglas estables, medición confiable, redes modernas, persecución efectiva del fraude, gestión profesional y consecuencias claras cuando las metas no se cumplen.
El ciudadano también tiene responsabilidades
Resolver las pérdidas tampoco depende exclusivamente del Estado.
El fraude eléctrico tiene un costo colectivo.
Las conexiones ilegales, la manipulación de medidores y el consumo no pagado terminan trasladándose al sistema y, finalmente, a los contribuyentes y usuarios que sí cumplen.
Combatir esa práctica no debe verse como una persecución contra comunidades, sino como parte de una política de formalización que también garantice acceso, calidad del servicio y tarifas transparentes.
Un hoyo que el país ya no puede financiar indefinidamente
Diario El Caribeño publicó recientemente que las pérdidas de energía de las EDE subieron a 39.1 % durante el primer semestre de 2026. También hemos advertido sobre la doble factura que pagan muchos hogares cuando, además de pagar el servicio, deben invertir en inversores, baterías, plantas y combustible para soportar los apagones.
Ambos problemas están conectados.
Un sistema con pérdidas excesivas, subsidios crecientes y deficiencias de servicio termina castigando dos veces al ciudadano: como contribuyente y como usuario.
El país ya conoce el diagnóstico.
También conoce las promesas.
Lo que necesita ahora son resultados medibles.
Reducir las pérdidas eléctricas no es una consigna técnica reservada a especialistas. Es una política fiscal, social y económica de primer orden.
Porque mientras una parte demasiado grande de la energía siga desapareciendo entre fallas técnicas, fraude e ineficiencia comercial, también seguirá desapareciendo una parte demasiado grande de los recursos que República Dominicana necesita para invertir en su futuro.
Las EDE no pueden seguir funcionando como un hoyo negro presupuestario. Cerrarlo debe convertirse en una prioridad nacional.
Editorial Diario El Caribeño
Fuentes de referencia
- Diario El Caribeño, pérdidas de energía de las EDE en el primer semestre de 2026.
- Diario Libre, subsidios y pérdidas de las distribuidoras durante enero-junio de 2026.
- Presidencia de la República, Plan de Reducción de Pérdidas 2026 y programa de inversiones del CUED.
- Presidencia de la República, despliegue de 145,000 medidores inteligentes de Edeeste.
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