Editorial | Diario El Caribeño
Hay decisiones gubernamentales que se miden por las obras que se inauguran. Otras, por los conflictos que se evitan y la capacidad de escuchar a quienes serán directamente afectados.
La decisión del presidente Luis Abinader de descartar la instalación de una planta de clasificación, valorización y disposición final de residuos sólidos en el distrito municipal de La Cuaba, perteneciente a Pedro Brand, provincia Santo Domingo, pertenece a esta segunda categoría.
Después de más de seis meses de movilizaciones comunitarias, el Gobierno anunció este domingo 11 de octubre que el proyecto no será instalado en esa localidad. La decisión fue comunicada por una comisión encabezada por el viceministro de la Presidencia, Alexis Jiménez, y el presidente de la Mancomunidad del Gran Santo Domingo y alcalde de Los Alcarrizos, Junior Santos, según informaron Diario Libre y Noticias SIN.
No se trata de un asunto menor.
Durante meses, residentes de La Cuaba expresaron su preocupación por los posibles efectos ambientales del proyecto y sus consecuencias para los recursos naturales y el desarrollo de la zona. Esas preocupaciones no deben confundirse con la demostración de un daño ambiental que todavía no se había producido.
Las autoridades pudieron mantener una posición inflexible. Sin embargo, optaron por una salida concertada con los comunitarios y la empresa Oak House, promotora del proyecto.
Esa disposición al diálogo merece ser reconocida. Pero también deja importantes lecciones para la administración pública.
Escuchar no es una señal de debilidad
En ocasiones, la rectificación de una decisión gubernamental se interpreta como una derrota política.
Es una visión equivocada.
Un gobierno democrático no está obligado a mantener una decisión cuando surgen preocupaciones legítimas que ameritan ser examinadas.
La autoridad no pierde legitimidad por escuchar. Por el contrario, puede fortalecerla cuando demuestra que el interés colectivo está por encima de posiciones inflexibles.
En La Cuaba, los comunitarios ejercieron su derecho a manifestarse y las autoridades terminaron atendiendo sus preocupaciones mediante un acuerdo.
Es una experiencia que merece servir de referencia para otros conflictos sociales.
Sin embargo, conviene hacer una pregunta: ¿era necesario esperar más de seis meses de movilizaciones para alcanzar ese entendimiento?
La participación comunitaria debe comenzar antes de que los proyectos generen confrontaciones.
El problema de los residuos continúa
Ahora bien, sería un error celebrar la decisión como si el Gran Santo Domingo hubiese resuelto su problema de manejo de residuos sólidos.
No lo ha resuelto.
La planta no será instalada en La Cuaba, pero el acuerdo contempla que Oak House, en coordinación con las autoridades, busque un terreno alternativo fuera de la comunidad.
Y ahí comienza el verdadero desafío.
Las autoridades tienen la responsabilidad de identificar una ubicación técnicamente adecuada, ambientalmente sostenible y socialmente viable.
La solución no puede consistir en trasladar el conflicto de una comunidad a otra.
Ninguna localidad debería recibir un proyecto de esta naturaleza sin información suficiente sobre sus características, estudios ambientales, medidas de mitigación y mecanismos de supervisión.
La gestión de los residuos sólidos es una necesidad urgente de una sociedad que crece, consume y produce cada vez más desperdicios.
Pero esa necesidad no autoriza a ignorar los derechos de las comunidades.
Planificación antes que confrontación
La experiencia de La Cuaba demuestra la importancia de fortalecer la planificación territorial y la comunicación institucional.
Los proyectos de infraestructura deben construirse sobre estudios rigurosos, transparencia y participación ciudadana.
Cuando estos elementos faltan o resultan insuficientes, aparecen la desconfianza, la resistencia y los conflictos.
El Estado debe procurar que las comunidades conozcan oportunamente los beneficios, riesgos y condiciones de las obras que se proyectan en sus territorios.
También corresponde garantizar seguridad jurídica a las empresas que participan en iniciativas de interés público.
Ambos objetivos pueden y deben coexistir.
Una decisión que debe convertirse en ejemplo
Desde Diario El Caribeño valoramos que el Gobierno haya abierto una vía de entendimiento con los residentes de La Cuaba.
Pero el reconocimiento debe acompañarse de una exigencia: que esta experiencia se traduzca en mejores procedimientos para la ejecución de futuros proyectos.
La administración pública no puede depender exclusivamente de las protestas para detectar preocupaciones comunitarias.
Debe anticiparlas.
Debe escuchar antes de decidir.
Y debe explicar antes de ejecutar.
La verdadera fortaleza de un gobierno no consiste en imponer todas sus decisiones, sino en saber distinguir cuándo corresponde avanzar, cuándo dialogar y cuándo rectificar.
La Cuaba ha demostrado que la ciudadanía organizada puede hacerse escuchar.
Ahora corresponde demostrar que el Estado también puede aprender.
Porque gobernar no es solamente construir obras.
Gobernar también es construir confianza.
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