La cooperación dominicana con las operaciones internacionales de seguridad demuestra que la solidaridad y la defensa de la soberanía pueden caminar juntas. Pero la solución definitiva de la crisis haitiana no puede recaer sobre un solo país.
La crisis que atraviesa Haití constituye uno de los mayores desafíos humanitarios, políticos y de seguridad del Caribe. Durante años, la violencia de las bandas armadas, la debilidad institucional y el sufrimiento de miles de familias han puesto a prueba la capacidad de respuesta de la comunidad internacional.
En medio de esa realidad, República Dominicana ha tenido que enfrentar una doble responsabilidad: proteger su territorio y contribuir, dentro de sus posibilidades, a los esfuerzos internacionales para recuperar la estabilidad de la nación vecina.
Y los hechos recientes merecen ser conocidos.
Este domingo 1 de noviembre, según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Organización de las Naciones Unidas reconoció como esencial el apoyo logístico ofrecido por el Gobierno dominicano para facilitar las operaciones de la Fuerza de Supresión de Pandillas en Haití.
La valoración fue expresada por Daniela Kroslak, subsecretaria general de la ONU y jefa de su Oficina de Apoyo en Haití, durante el despacho desde el Puerto de Haina de un cargamento de aproximadamente 525 toneladas de suministros, vehículos especializados, armamento y equipos destinados a la misión internacional.
De acuerdo con la Cancillería, el material procedía de Bangladesh y llegó al país con apoyo financiero de Alemania para su traslado, mientras República Dominicana facilitó las operaciones necesarias para su movilización hacia territorio haitiano.
Esta operación pone de manifiesto que la participación dominicana va más allá de los pronunciamientos diplomáticos.
Nuestro país ha facilitado operaciones logísticas, el tránsito de personal y suministros, y la cooperación necesaria para que las iniciativas internacionales puedan desarrollarse.
El presidente Luis Abinader planteó ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 23 de septiembre de 2026, la necesidad de completar el despliegue de la fuerza internacional, fortalecer las instituciones haitianas y hacer cumplir el embargo de armas para frenar su llegada a las bandas criminales.
Estas posiciones forman parte de una discusión que no puede reducirse a simpatías políticas.
La crisis haitiana afecta directamente la seguridad regional y plantea riesgos particulares para República Dominicana por nuestra condición de vecinos en una misma isla.
Por eso, colaborar con los esfuerzos internacionales para recuperar la estabilidad en Haití también responde a intereses legítimos de seguridad nacional.
Pero existe una diferencia fundamental entre cooperar y asumir responsabilidades que corresponden a otros.
República Dominicana puede ser parte de la solución sin convertirse en la responsable exclusiva del problema.
La comunidad internacional debe cumplir sus compromisos con recursos, personal, asistencia humanitaria y respaldo al fortalecimiento institucional de Haití.
No basta con aprobar resoluciones ni anunciar iniciativas. Se necesitan resultados que permitan a la población haitiana recuperar la seguridad, reactivar sus actividades económicas y reconstruir sus instituciones.
Al mismo tiempo, nuestro país debe mantener una política fronteriza responsable, aplicar su legislación y cumplir sus obligaciones internacionales, sin perder de vista la dignidad humana de quienes sufren las consecuencias de esta crisis.
La solidaridad no exige renunciar a la soberanía. Y la defensa de la soberanía no impide actuar con humanidad.
Ambos principios pueden coexistir cuando las decisiones se adoptan con responsabilidad, transparencia y respeto al derecho.
También resulta importante que la ciudadanía conozca el alcance de la cooperación dominicana, sus costos, sus límites y los resultados esperados.
La información pública fortalece la confianza y permite evaluar las decisiones del Estado sin convertir una cuestión de seguridad regional en una disputa partidaria.
El pueblo haitiano merece recuperar la paz. Sus niños merecen volver a las escuelas y sus familias necesitan condiciones para vivir sin el temor permanente de la violencia.
República Dominicana, por su parte, tiene derecho a proteger su territorio y a exigir que las responsabilidades internacionales sean compartidas.
La estabilidad de Haití necesita el compromiso del mundo, no solamente la preocupación de su vecino más cercano.
El reconocimiento expresado por las Naciones Unidas ofrece una oportunidad para reflexionar sobre el papel que está desempeñando nuestro país y sobre la necesidad de que los demás actores internacionales traduzcan sus compromisos en acciones concretas.
Porque ayudar a Haití a recuperar su seguridad no significa asumir su destino político, sino contribuir a crear las condiciones para que el propio pueblo haitiano pueda construirlo.
República Dominicana no le ha dado la espalda a Haití. Ahora corresponde que la comunidad internacional tampoco lo haga.
Editorial — Diario El Caribeño
Fuentes de los datos: Ministerio de Relaciones Exteriores, 1 de noviembre de 2026; Presidencia de la República, 23 de septiembre de 2026. Las valoraciones corresponden a la posición editorial del medio.
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