República Dominicana se encamina a contar con una ley general para regular los juegos de azar, pero el alcance económico y social de la iniciativa hace necesario examinar con precisión qué cambió durante su paso por el Congreso y cómo fueron justificadas esas modificaciones.
El proyecto concluyó su trámite congresual el 16 de septiembre de 2026, después de que el Senado acogiera las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados. La pieza fue remitida al Poder Ejecutivo y, hasta la noche de este 29 de septiembre, no se había anunciado públicamente una decisión oficial sobre su promulgación u observación.
La iniciativa crea una Dirección General de Juegos de Azar, establece mecanismos de regulación y sanciones, incorpora controles sobre distintas modalidades de apuestas y contiene disposiciones relacionadas con menores de edad, lavado de activos y juego responsable.
Qué cambió durante el trámite legislativo
Uno de los puntos centrales está en la vigencia de las licencias.
De acuerdo con la comparación de las versiones del proyecto divulgada durante el proceso legislativo, la licencia prevista para las bancas de lotería pasó de dos a cinco años. Para casinos, determinadas salas de máquinas tragamonedas y juegos de azar por internet, la vigencia puede alcanzar diez años.
La versión aprobada también contempla que, una vez publicado el registro de licenciatarios, no se otorguen nuevas licencias para establecimientos de juegos de azar durante un período de diez años, con excepciones para casinos ubicados en hoteles y zonas turísticas.
Esos cambios forman parte de las facultades legislativas del Congreso, pero por su impacto sobre las condiciones de operación de un sector de gran tamaño resulta relevante conocer las razones técnicas que los sustentaron, quiénes los propusieron y cuáles fueron los estudios utilizados durante la discusión.
Cuestionamientos que deben distinguirse de los hechos comprobados
La Asociación Nacional de Bancas Deportivas (Asonabade), presidida por Ricardo Nadal, solicitó al Poder Ejecutivo revisar varios artículos antes de la eventual promulgación de la iniciativa.
Nadal ha sostenido públicamente que determinadas disposiciones podrían favorecer a intereses particulares y generar concentración en el mercado. Esas afirmaciones constituyen alegaciones de una organización directamente interesada en la regulación y no deben presentarse como hechos demostrados.
Lo comprobable hasta ahora es que la asociación presentó objeciones relacionadas, entre otros puntos, con bancas hípicas, ludopatía, límites de establecimientos, proliferación de puntos de juego y régimen de licencias.
Para evaluar esas objeciones con rigor, todavía resulta necesario disponer de información suficiente sobre qué artículos fueron modificados, quién impulsó cada modificación, cuáles fueron sus fundamentos técnicos y qué efectos económicos se proyectaron para los distintos operadores.
Legisladores vinculados al sector
Otro elemento que merece transparencia es la existencia de legisladores vinculados empresarialmente al negocio de las bancas de lotería, según registros y reportes periodísticos revisados durante el debate.
La existencia de una actividad empresarial legal no implica por sí sola una irregularidad. Sin embargo, cuando una cámara legislativa decide sobre reglas que afectan directamente a un sector en el que algunos de sus integrantes poseen intereses económicos, cobra importancia conocer cómo fueron manejados los posibles conflictos de interés y qué mecanismos se utilizaron para preservar la confianza en el proceso.
Una actividad extendida y con efectos sociales
Datos oficiales citados durante la discusión sitúan en más de 71,000 las bancas de lotería y deportivas registradas en el país. Esa cifra muestra que se trata de una actividad con presencia amplia en comunidades de todo el territorio nacional.
La regulación, por tanto, no se limita a definir quién obtiene una licencia o cuánto dura. También involucra protección de menores, prevención del lavado de activos, fiscalización tributaria, control de la expansión de establecimientos y atención a la ludopatía.
El proyecto incorpora disposiciones relacionadas con varias de esas áreas, incluido el juego responsable. El reto será determinar si los mecanismos aprobados ofrecen herramientas suficientes para su aplicación efectiva.
Qué puede revisar el Poder Ejecutivo
Mientras la pieza se encuentre pendiente de una decisión oficial, el Poder Ejecutivo puede examinar las observaciones planteadas por sectores interesados y contrastarlas con el texto aprobado por el Congreso.
Ese análisis puede determinar si las disposiciones cuestionadas requieren ajustes o si cuentan con justificación técnica suficiente para mantenerse. También puede contribuir a despejar dudas sobre el impacto de la moratoria, la duración de las licencias y las reglas aplicables a las distintas modalidades de juego.
Las preguntas que siguen abiertas
El debate no debería depender únicamente de las posiciones de bancas deportivas, bancas de lotería, concesionarios o legisladores. Para evaluar la legislación desde el interés público, siguen siendo relevantes preguntas concretas:
- ¿Qué artículos cambiaron entre la versión inicial y la aprobada finalmente?
- ¿Quién propuso esas modificaciones y con qué argumentos?
- ¿Qué estudios económicos, regulatorios o sociales las sustentaron?
- ¿Qué sectores resultan más afectados por la duración de las licencias y la moratoria?
- ¿Cómo fueron manejados los posibles conflictos de interés durante el proceso legislativo?
Responder esas preguntas permitiría separar las denuncias interesadas de los hechos verificables y ofrecer a la ciudadanía una explicación más completa sobre una regulación que tendrá efectos durante años sobre una de las actividades de apuestas más extendidas del país.
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