Santo Domingo.– La República Dominicana tendrá este jueves 6 de agosto una jornada caracterizada por temperaturas calurosas, elevada humedad y posibilidad de tormentas eléctricas, condiciones que favorecerán la ocurrencia de aguaceros de intensidad variable en distintas provincias, principalmente durante la tarde.
De acuerdo con el pronóstico, la temperatura máxima alcanzará los 31 grados Celsius, mientras que la mínima será de 24 °C. La probabilidad de precipitaciones se sitúa en un 60 %, por lo que no se descartan lluvias acompañadas de tronadas y ráfagas de viento en varias localidades.
Durante las primeras horas de la mañana predominarán intervalos de sol y nubosidad. Sin embargo, conforme avance el día aumentará la inestabilidad atmosférica, favoreciendo el desarrollo de nubes de gran crecimiento vertical que podrían generar aguaceros y tormentas eléctricas, especialmente entre el final de la mañana y las horas de la tarde.
Los vientos se mantendrán alrededor de 13 kilómetros por hora, mientras que la humedad relativa alcanzará el 80 %, incrementando la sensación térmica y provocando un ambiente más sofocante.
Ante estas condiciones, las autoridades recomiendan a la población mantenerse atenta a los boletines meteorológicos oficiales, evitar permanecer en espacios abiertos durante las tormentas eléctricas y buscar refugio seguro en caso de descargas eléctricas.
Asimismo, los conductores deben extremar las precauciones si se presentan lluvias, reduciendo la velocidad y manteniendo una distancia prudente entre vehículos debido a la disminución de la visibilidad y al pavimento resbaladizo.
También se aconseja mantenerse bien hidratado, vestir ropa ligera y evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor intensidad del calor.
Las condiciones atmosféricas podrían variar rápidamente durante la jornada, por lo que se exhorta a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los organismos oficiales.
Acerca del autor
En respuesta a este editorial que me ha llegado hasta la médula quiero aportar mi más humilde opinión, y seguir aquí desde el callejón:
CÓMO LA GATICA DE MARÍA RAMOS
Por: Desde cualquier callejón de RD
Ubicación: Santo Domingo, República Dominicana
Hoy me levanto con la urgencia de aportar un granito de arena a la conciencia política de mi país. En mi más humilde opinión, la verdadera transformación de la República Dominicana no será posible hasta que el despertar del pueblo dominicano sea completo; hasta que termine el dormitar de la clase humilde y esta entienda el inestimable valor que posee a través del voto. ¡Atención, juventud dominicana! ¡Atención, electorado! Ha llegado la hora de encarar nuestra realidad con absoluta conciencia política, vencer el abstencionismo y poner fin a la manipulación. Es urgente movilizar a esa masa desencantada y rescatar a quienes, acorralados por la miseria, terminan subastando su futuro por un pica pollo o quinientos pesos. Al observar este panorama, resulta oportuno recordar las sabias palabras del profesor Juan Bosch, quien nos enseñó que no son los grandes hombres los que hacen la historia, sino que son los hechos históricos los que producen a los grandes hombres. La juventud de hoy tiene servida la coyuntura histórica para convertirse en el gran motor de cambio que el país necesita.
Para entender el presente y no quedar atrapados en sus trampas, nos acompaña una sentencia insoslayable: «Quien no conoce su historia está condenado a repetirla», como nos enseña en su obra La razón en el sentido común el filósofo Jorge Agustín Nicolás Ruiz de Santayana (George Santayana). Esta advertencia nos recuerda que el olvido del pasado impide todo progreso auténtico. En la República Dominicana, la verdadera transformación descansa precisamente en las manos de la juventud y en la activación de esa masa de «no votantes» que hoy observa con apatía el ejercicio político. Solo cuando esos sectores despierten, recuerden su historia y asuman su responsabilidad sin chantajes ni ataduras, la patria iniciará un proceso de liberación auténtico.
Ese despertar ciudadano exige comprender que lo vivido desde 1961 hasta la fecha no ha sido la consolidación de una verdadera democracia, sino la instalación de una tiranía disfrazada. Se trata de un autoritarismo corporativo que prescindió del uniforme militar para operar desde la sombra.
Esta realidad no es fruto del azar; responde a una secuencia histórica clara que nació tras el ajusticiamiento del dictador Rafael Leónidas Trujillo Molina en 1961. La caída del régimen no derivó en una democratización de la riqueza nacional; por el contrario, la élite económica tradicional asumió el control operativo de los ingenios, industrias y tierras confiscadas, usufructuando el patrimonio público. Más adelante, en los años 90, Joaquín Balaguer fue asediado por una feroz campaña de apagones orquestada por sectores de la oligarquía que buscaban desestabilizar su gobierno. Sin embargo, Balaguer no cedió y utilizó el complejo industrial estatal —articulado en la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (CORDE), el Consejo Estatal del Azúcar (CEA) y la Corporación Dominicana de Electricidad (CDE)— como un escudo de contención político para frenar el avance irrestricto de los poderes fácticos, manteniendo una postura firme sobre la economía y la soberanía.
A partir de ese molde histórico, el sistema pasó a actuar bajo la lógica exacta de «cómo la gatica de María Ramos»: tiran la piedra y esconden la mano. Cuando un gobernante o un partido se desgasta ante la opinión pública por su mala gestión, las élites financieras y sus bocinas mediáticas activan la trampa. A través de campañas masivas en los medios de comunicación, se encarnizan en descalificar al candidato saliente, mientras simultáneamente financian por debajo de la mesa y elevan a un «nuevo salvador». Con esta maniobra, hacen creer al pueblo que está eligiendo un cambio, cuando en realidad son ellos mismos impulsando la figura de relevo para garantizar que, gane quien gane, sus privilegios de clase y el control del Estado permanezcan intactos.
Para blindar este monopolio de poder y evitar que el pueblo construya alternativas reales, desde el propio Congreso Nacional se han encargado de obstaculizar las candidaturas independientes. Imponen una muralla de trabas burocráticas y condicionamientos diseñados intencionalmente para que el ciudadano independiente no pueda llegar, obligándolo a someterse al filtro de los partidos políticos tradicionales; estructuras que las élites ya manipulan previamente a su antojo, garantizando así que solo compitan los candidatos que ellos pueden quitar y poner.
Así, al concluir cada certamen electoral, el pueblo vuelve al mismo punto de partida. Paso a paso, el dominicano de a pie sufre el rigor de una crisis permanente: golpeado por el costo inalcanzable de la canasta básica y acorralado por un sistema eléctrico colapsado, donde la mayor afrenta no es solo soportar apagones kilométricos, sino tener que pagar facturas exorbitantes por un servicio ineficiente e inexistente.
La oportunidad de oro para profundizar este esquema llegó a finales del siglo XX con el proceso electoral de 1996. Viendo la coyuntura para consolidar su hegemonía y cerrar de golpe el paso a José Francisco Peña Gómez —quien había ganado la primera vuelta como primera fuerza—, la élite maniobró de forma magistral respaldando la alianza entre la segunda fuerza (el PLD encabezado por un candidato joven, Leonel Fernández Reyna) y la tercera fuerza de Joaquín Balaguer (el PRSC). Mediante el célebre Frente Patriótico, usaron la maquinaria balaguerista para catapultar a Fernández a la primera posición en la segunda vuelta y llevarlo a la presidencia. A cambio de sostener ese poder, la oligarquía garantizó la firma de sus acuerdos de clase: la exigencia contundente de privatizar y desmantelar la CDE y CORDE, despojando al pueblo de su patrimonio histórico para entregárselo al sector privado.
Para asegurar estas leyes a la medida en el Congreso Nacional, la élite institucionalizó la figura del «hombre del maletín»: esa sombra que recorrió los pasillos legislativos comprando voluntades. La clase trabajadora debe asimilar de una vez que un legislador representa al pueblo que lo eligió, no a las cúpulas de los partidos ni a sus financistas corporativos. Ningún congresista tiene la atribución moral de votar proyectos que perjudiquen a su gente.
Un ejemplo patente de esta subordinación se evidenció con las recientes discusiones y aprobación del Código Penal. A pesar de incluir apartados positivos, se deslizaron artículos que lesionan la Constitución y atentan contra la libertad de expresión, revelando la intención de amordazar a las pocas voces críticas que hablan con sensatez. El fantasma del «hombre del maletín» sigue en pleno ejercicio: se sienten sus murmullos en las comisiones y se ven sus estragos en el financiamiento directo de campañas millonarias, donde candidaturas a diputados y senadores terminan totalmente hipotecadas al poder oculto.
Como dominicano, mi mayor temor se reaviva al presenciar cada nuevo proceso de selección institucional. Ante la inminente elección de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, así como ocurre sistemáticamente con la integración de la Cámara de Cuentas o la Junta Central Electoral, el patrón se repite de manera inexorable. Detrás de bastidores no son los partidos políticos los que toman las decisiones de fondo; es esa misma élite corporativa la que exige imponer a determinados candidatos. Su objetivo no es solo blindar la impunidad de la clase política de turno, sino garantizar una coraza judicial e institucional para sí misma. De este modo, mantienen el sistema funcionando como un carrusel perverso: los actores suben, bajan y cambian de posición, pero la maquinaria de dominación sigue siendo exactamente la misma.
Sin embargo, en medio de este escenario, la juventud y toda la sociedad dominicana tienen en sus manos la oportunidad histórica de dar una muestra de interés contundente para lograr las verdaderas transformaciones que necesita el país. Estos cambios en realidad no son nada desconocido ni inventado: están todos plasmados en nuestra Constitución y se resumen en hacerla cumplir al pie de la letra.
Hacer cumplir la Ley Suprema significa llenar la patria de nuevas oportunidades, construir un país productivo donde los jóvenes puedan desarrollarse con trabajo digno y estudio, y garantizar una protección real, justa y humana a nuestros envejientes, quienes ya lo dieron todo por esta tierra. Solo desarticulando el chantaje del pica pollo y los 500 pesos, y desenmascarando a las élites que tiran la piedra y esconden la mano, lograremos detener ese carrusel de manipulación y honrar la memoria de quienes lo entregaron todo por una patria justa, soberana y democrática.