Santo Domingo. El Gobierno dominicano depositó este jueves 29 de octubre de 2026 en el Senado una propuesta de ley para regular las concesiones de bienes, servicios y obras públicas, con contratos que podrían durar entre cinco y 40 años, sin renovación automática.
El director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, y el subconsultor jurídico del Poder Ejecutivo, Mairení Rivas, entregaron el anteproyecto al presidente del Senado, Ricardo de los Santos. La iniciativa busca establecer procedimientos específicos para la participación de empresas privadas en proyectos de interés público.
¿Qué cambiaría con la ley de concesiones?
De acuerdo con la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), la propuesta regula la planificación, adjudicación, supervisión, modificación y terminación de los contratos de concesión. Además, contempla licitaciones públicas nacionales o internacionales como vía obligatoria para seleccionar a los concesionarios.
La selección exigiría una resolución motivada y la no objeción del Consejo Nacional de Concesiones antes de firmar el contrato. La propuesta también introduce prohibiciones e inhabilidades para reducir conflictos de interés y proteger la competencia.
Contratos de cinco a 40 años y nuevos organismos
Uno de los elementos centrales es el plazo propuesto para las concesiones: un mínimo de cinco años y un máximo de 40, con límites a las prórrogas y prohibición expresa de renovación automática. Esos plazos forman parte de la propuesta y todavía no constituyen una ley vigente.
El texto plantea crear un Sistema Nacional de Concesiones Públicas, integrado por la DGCP como órgano rector, un Consejo Nacional de Concesiones y una Dirección Técnica de Concesiones. También incluye un Registro Nacional de Concesionarios del Estado y sanciones por incumplimientos.
¿Por qué importa para República Dominicana?
El mecanismo permitiría estructurar proyectos de infraestructura y prestación de servicios con inversión privada, bajo condiciones de supervisión pública. La DGCP sostiene que actualmente existe un vacío regulatorio específico para esta modalidad contractual. La discusión legislativa deberá definir cómo se equilibran los riesgos, la protección de los usuarios, las tarifas y la rendición de cuentas.
¿Qué sigue en el Congreso?
Ricardo de los Santos indicó que la iniciativa será colocada en agenda y remitida a una comisión para su estudio antes de conocerse en el pleno del Senado. La presentación del anteproyecto no implica su aprobación; el contenido podría cambiar durante el debate legislativo.
Fuente primaria: Dirección General de Contrataciones Públicas, comunicado del 29 de octubre de 2026.
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