El Senado de la República aprobó este martes 22 de septiembre, en dos lecturas consecutivas y bajo declaratoria de urgencia, el proyecto de ley que busca prohibir la importación de mercancías producidas total o parcialmente mediante trabajo forzoso.
La iniciativa, denominada Ley de Prevención y Prohibición de Importación de Trabajo Forzoso, establece un régimen para identificar, verificar y bloquear la entrada al país de bienes vinculados a esas prácticas.
Qué busca la iniciativa
El proyecto pretende impedir la importación de productos, bienes y mercancías fabricados, extraídos, procesados o elaborados mediante trabajo forzoso, así como crear mecanismos de control para determinar cuándo una cadena de suministro incurre en esas prácticas.
Entre sus argumentos, la propuesta sostiene que el trabajo forzoso puede reducir artificialmente los costos laborales y generar ventajas competitivas frente a productores que cumplen las normas laborales y de debida diligencia.
Cómo fue aprobada en el Senado
El presidente de la Comisión de Industria, Comercio y Zonas Francas, Cristóbal Castillo, presentó un informe favorable. Luego, el senador Félix Bautista, uno de los proponentes, solicitó que el proyecto fuera declarado de urgencia y conocido en dos lecturas consecutivas.
La solicitud fue acogida por el pleno durante una sesión celebrada en Monseñor Nouel.
Qué falta para que sea ley
La aprobación del Senado no significa que la pieza ya esté vigente. Para convertirse en ley debe completar el trámite legislativo correspondiente, incluida la consideración de la Cámara de Diputados y, de ser aprobada definitivamente por el Congreso, su eventual promulgación por el Poder Ejecutivo.
Por eso, el efecto práctico para importadores y empresas todavía depende del texto final que complete el proceso congresual.
Por qué puede afectar al comercio
Si la propuesta entra en vigor, las empresas que importan bienes a República Dominicana podrían enfrentar nuevas exigencias de trazabilidad, documentación y verificación sobre el origen laboral de determinados productos.
La medida también alinea el debate comercial dominicano con una tendencia internacional de mayor control sobre cadenas de suministro vinculadas a violaciones de derechos laborales.
El texto fue impulsado por un grupo de senadores de distintas demarcaciones y deberá continuar su curso constitucional antes de producir obligaciones exigibles.
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