LONDRES.– La Cámara de los Comunes del Reino Unido rechazó el viernes 11 de septiembre un proyecto de ley que buscaba legalizar la muerte asistida para adultos con enfermedades terminales en Inglaterra y Gales, poniendo fin, por ahora, a uno de los debates sociales y éticos más controvertidos del Parlamento británico.
La propuesta, denominada Terminally Ill Adults (End of Life) Bill, fue derrotada por 286 votos contra 270 durante su segunda lectura, una diferencia de apenas 16 votos. El resultado impide que la iniciativa continúe su trámite durante la actual sesión parlamentaria.
¿Qué proponía la ley sobre muerte asistida?
El proyecto buscaba permitir que personas de 18 años o más, con capacidad mental para tomar decisiones y diagnosticadas con una enfermedad terminal con una expectativa de vida de seis meses o menos, pudieran solicitar asistencia médica para poner fin a su vida.
La persona debía residir en Inglaterra o Gales y estar registrada con un médico de atención primaria en alguno de esos territorios.
No se trataba de una autorización automática. La propuesta contemplaba varios niveles de evaluación.
Dos médicos debían estudiar el caso de manera independiente y determinar, entre otros elementos, que el paciente tenía una decisión clara e informada y que actuaba voluntariamente, sin coerción ni presión de terceros.
Posteriormente, el expediente sería remitido a un panel multidisciplinario de revisión, que tendría que confirmar que se cumplían los requisitos establecidos en la legislación.
Además, estaba contemplado un período de reflexión de 14 días, reducible a 48 horas cuando la muerte fuera considerada inminente. La sustancia prescrita para terminar con la vida tendría que ser administrada por el propio paciente.
Un Parlamento dividido por solo 16 votos
El estrecho resultado refleja la profunda división existente en el Reino Unido sobre la muerte asistida.
Los partidarios de la propuesta argumentaban que las personas con enfermedades terminales y sufrimientos irreversibles debían disponer de mayor autonomía para decidir sobre sus últimos días.
Los opositores, en cambio, plantearon dudas sobre la capacidad del Estado para proteger a pacientes vulnerables de posibles presiones familiares, económicas o sociales.
Durante el debate también surgieron cuestionamientos sobre la precisión con la que los médicos pueden determinar que una persona tiene únicamente seis meses de vida y sobre las garantías destinadas a pacientes con discapacidades o problemas de salud mental.
Gobierno británico mantuvo posición neutral
La administración británica decidió mantener una posición neutral y permitió que los diputados votaran conforme a su conciencia, sin seguir líneas partidarias.
El primer ministro Andy Burnham no participó en la votación. Había planteado previamente que el debate sobre la muerte asistida debía abordarse conjuntamente con la necesidad de fortalecer los servicios de cuidados paliativos y atención social.
La autora de la iniciativa, la diputada laborista Lauren Edwards, lamentó la derrota y aseguró que quienes promueven un cambio de la legislación continuarán defendiendo la propuesta.
No era el primer intento
La votación resulta especialmente significativa porque una propuesta prácticamente idéntica había logrado avanzar anteriormente en la Cámara de los Comunes.
El proyecto anterior fue aprobado en esa cámara en 2025 y posteriormente enviado a la Cámara de los Lores, pero no logró completar todas las etapas legislativas antes de finalizar la sesión parlamentaria, por lo que decayó.
Edwards presentó nuevamente la iniciativa el 17 de junio de 2026, utilizando el mecanismo de proyectos de ley promovidos individualmente por legisladores.
¿Qué pasa ahora con la muerte asistida en Inglaterra y Gales?
Con el rechazo del proyecto, la legislación vigente permanece sin cambios.
En Inglaterra y Gales continúa siendo delito ayudar intencionalmente a otra persona a suicidarse, conforme a la Suicide Act de 1961, aunque cualquier eventual proceso judicial está sujeto a las normas y criterios establecidos por la fiscalía británica.
Al haber sido rechazada la iniciativa en su primera gran prueba parlamentaria de esta sesión, el proyecto no podrá reactivarse durante la actual sesión parlamentaria.
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