La República Dominicana enfrenta un problema real de delincuencia que ninguna sociedad responsable puede minimizar.
Atracos, homicidios, secuestros, armas ilegales y estructuras criminales obligan a la Policía Nacional y, particularmente, a sus organismos de investigación, a actuar con firmeza.
Los ciudadanos quieren una Policía capaz de perseguir al delincuente, apresarlo y ponerlo a disposición de la justicia.
Pero precisamente porque respaldar la seguridad ciudadana significa también respaldar el Estado de derecho, hay una cifra que merece atención.
Hasta el 19 de septiembre, un recuento periodístico basado en reportes policiales situaba en 173 las personas fallecidas durante intervenciones policiales en 2026, 16 de ellas en septiembre. Catorce de esos fallecimientos se produjeron en un período de apenas ocho días.
Son números demasiado importantes para convertirse simplemente en una sucesión de partes policiales.
La Policía tiene derecho a defenderse
Hay que comenzar estableciendo algo elemental.
Un policía no está obligado a dejarse matar.
Cuando un agente enfrenta una agresión armada real e inminente, tiene derecho a defender su vida, la de sus compañeros y la de cualquier ciudadano que se encuentre en peligro. La Ley Orgánica de la Policía Nacional permite el uso de la fuerza cuando sea estrictamente necesario y establece que la fuerza letal debe ser inevitable para proteger una vida, bajo criterios de necesidad y proporcionalidad.
En varios de los casos recientes, la Policía Nacional ha informado que las personas buscadas dispararon primero contra las patrullas. También ha reportado armas ocupadas, casquillos recolectados, órdenes judiciales pendientes y antecedentes vinculados a homicidios, robos, secuestros y otros delitos.
Esos elementos deben investigarse y valorarse.
Pero existe otra verdad igualmente importante:
que una persona tenga antecedentes, sea buscada mediante una orden de arresto o esté vinculada a un crimen no significa que haya perdido sus derechos fundamentales.
La Policía previene, persigue e investiga bajo la dirección legal del Ministerio Público. El Ministerio Público dirige la investigación penal y los tribunales juzgan.
Una frase que no puede convertirse en rutina
Durante décadas los dominicanos hemos escuchado una expresión después de determinadas operaciones policiales:
“Cayó abatido durante un intercambio de disparos”.
Puede ser exactamente lo que ocurrió.
Y cuando así sea, las pruebas deben demostrarlo.
El problema comienza cuando la sociedad deja de preguntar qué ocurrió después.
¿Las armas ocupadas fueron disparadas?
¿Qué estableció la balística?
¿Qué reveló la autopsia?
¿Desde qué posición se realizaron los disparos?
¿Había cámaras?
¿Hubo testigos?
¿El Ministerio Público investigó la actuación de los agentes?
¿Y cuál fue la conclusión?
Esas preguntas no atacan a la Policía.
Al contrario.
Una investigación rigurosa también protege al policía que actuó correctamente.
Las muertes requieren respuestas
El dato acumulado hasta el 19 de septiembre obliga a mirar más allá de cada caso individual.
No para concluir anticipadamente que existieron ejecuciones.
Tampoco para presumir automáticamente que todas las actuaciones fueron correctas.
Ambas conclusiones serían irresponsables sin investigaciones.
Lo que corresponde es determinar qué ocurrió en cada caso.
La propia legislación dominicana establece procedimientos cuando un agente causa heridas o la muerte de una persona mediante el uso de la fuerza. Cuando una actuación policial provoca lesiones o muerte, la Ley 590-16 dispone que el hecho sea comunicado a los superiores y que estos informen al Ministerio Público para los fines correspondientes.
La misma legislación permite que el Consejo Superior Policial constituya comisiones independientes en casos de muertes o lesiones graves causadas por la acción policial.
Entonces debemos formular una pregunta sencilla:
¿dónde están los resultados?
No basta con informar el enfrentamiento
La ciudadanía conoce rápidamente cuándo una persona cae abatida.
Conoce su nombre.
Conoce los delitos que presuntamente cometió.
Ve fotografías de las armas ocupadas.
Conoce la versión de la Policía.
Lo que pocas veces recibe con la misma rapidez es la conclusión posterior de la investigación.
Ese vacío informativo es peligroso.
Porque cuando una familia cuestiona la versión policial, comienza la especulación.
Cuando aparecen versiones contradictorias, aumenta la desconfianza.
Y cuando nunca conocemos cómo terminó la investigación, la sociedad queda dividida entre quienes creen automáticamente a la Policía y quienes automáticamente desconfían de ella.
Ninguno de esos extremos fortalece a las instituciones.
Las pruebas sí.
Además, la propia Ley 590-16 establece que los informes de rendición de cuentas de la Policía deben incluir los resultados de investigaciones y las medidas adoptadas después de hechos relacionados con el uso de la fuerza que hayan producido lesiones graves o muertes.
Eso convierte la pregunta sobre la transparencia en algo más que una demanda editorial: obliga a preguntarnos cómo puede la ciudadanía conocer y dar seguimiento a esos resultados.
La seguridad y los derechos no son enemigos
Sería un grave error convertir este debate en una elección entre delincuentes y policías.
No lo es.
La República Dominicana necesita una Policía fuerte.
Necesita un DICRIM con capacidad de inteligencia.
Necesita perseguir estructuras criminales.
Necesita agentes preparados y equipados para enfrentar personas que muchas veces poseen armas de alto poder.
Y también necesita controles.
Porque la autoridad del Estado es precisamente lo que obliga a sus instituciones a demostrar que utilizan la fuerza dentro de la ley.
Un delincuente viola las normas.
El Estado no puede hacerlo.
Esa diferencia es fundamental.
Que se publiquen los resultados
Por eso creemos que existe una medida sencilla que puede fortalecer enormemente la confianza pública.
Cada muerte producida durante una intervención policial debe generar una investigación clara y trazable.
Y cuando esa investigación concluya, sus resultados esenciales deberían hacerse públicos, respetando las reservas legales que correspondan.
Si las pruebas demuestran que los agentes fueron atacados y actuaron legítimamente, que el país lo conozca.
Eso protege a los policías.
Si las pruebas determinan que existió un uso excesivo o ilegal de la fuerza, que también se conozca y que los responsables respondan.
Eso protege a la ciudadanía.
La transparencia no debilita a la Policía.
La fortalece.
Firmeza contra el crimen, firmeza con la ley
Los dominicanos quieren caminar tranquilos por las calles.
Quieren que quien atraque, mate, secuestre o aterrorice a una comunidad sea perseguido y sometido a la justicia.
También quieren confiar en quienes llevan una placa y un arma en nombre del Estado.
Ambas cosas son perfectamente compatibles.
Por eso, frente a la concentración reciente de muertes durante intervenciones policiales, la respuesta responsable no puede ser condenar automáticamente a los agentes.
Pero tampoco puede ser dejar de preguntar.
Seguridad sí.
Firmeza contra el crimen, también.
Pero cada vez que el Estado quita una vida durante una operación policial, debe existir una investigación capaz de demostrar qué ocurrió.
Porque una Policía verdaderamente fuerte no es aquella a la que nadie cuestiona.
Es aquella que puede responder cada pregunta con pruebas.
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