
Editorial | Diario El Caribeño
La colaboración logística con países que participan en las operaciones de seguridad en Haití plantea una oportunidad para fortalecer la estabilidad regional, pero también exige información clara, respeto a la soberanía y una definición precisa de las responsabilidades dominicanas.
Santo Domingo, República Dominicana, 28 de octubre de 2026. — La crisis de seguridad que atraviesa Haití continúa representando uno de los mayores desafíos para la estabilidad del Caribe. El avance de las organizaciones criminales, la fragilidad institucional y las dificultades para restablecer el orden público han convertido la cooperación internacional en un asunto de creciente importancia.

Para República Dominicana, esta situación tiene una dimensión especial. La proximidad geográfica, los vínculos comerciales y la necesidad de proteger su territorio obligan al Estado dominicano a mantener una política de seguridad activa, acompañada de una diplomacia responsable.
En ese contexto, las conversaciones entre el presidente Luis Abinader y su homólogo salvadoreño, Nayib Bukele, sobre mecanismos de cooperación logística y de inteligencia merecen atención. La Presidencia dominicana confirmó el 24 de octubre que ambos mandatarios abordaron esos mecanismos en relación con la situación de Haití.
La colaboración entre países para enfrentar amenazas regionales no debe confundirse automáticamente con una intervención militar. Son actuaciones diferentes, sujetas a responsabilidades, procedimientos y límites que deben explicarse con claridad.
Cooperar no significa renunciar a la soberanía
La República Dominicana tiene derecho a proteger sus fronteras y a desarrollar acuerdos de cooperación compatibles con sus compromisos internacionales.
Facilitar determinados servicios logísticos, cuando estén legalmente autorizados, puede formar parte de una estrategia regional de seguridad.
El Gobierno dominicano ha explicado que su contribución a la Fuerza de Supresión de Pandillas en Haití comprende apoyo logístico y humanitario, tránsito de contingentes y equipos, así como evacuaciones médicas, sin participación directa de tropas nacionales en operaciones de combate dentro del territorio haitiano. Así lo precisó el canciller Víctor Bisonó el 26 de octubre.
Sin embargo, cualquier participación dominicana debe responder a criterios definidos: protección del territorio nacional, respeto al ordenamiento jurídico, coordinación institucional y evaluación de los riesgos.
La cooperación no puede convertirse en una puerta abierta a compromisos indefinidos ni a decisiones que comprometan la seguridad de la población sin el debido conocimiento de las instituciones competentes.
La defensa de la soberanía no se opone a la colaboración internacional. Por el contrario, una cooperación bien delimitada puede fortalecer la capacidad del Estado para proteger sus intereses.
La transparencia también fortalece la seguridad
El 28 de octubre, medios dominicanos reportaron el aterrizaje en el Aeropuerto Internacional de Las Américas de un avión de carga procedente de El Salvador. Aunque circularon informaciones que vinculaban la aeronave con el transporte de equipos militares destinados a Haití, las autoridades no habían confirmado oficialmente el contenido del cargamento ni su destino final al momento de esta verificación, según Noticias SIN.
Es necesario distinguir los movimientos aéreos reportados de las versiones no confirmadas sobre el contenido de los cargamentos y sus destinos.
Las autoridades deben comunicar lo que sea posible sin comprometer información operativa sensible. La seguridad nacional exige prudencia, pero esa prudencia no debe convertirse en ausencia de explicaciones sobre las políticas generales del Estado.
La ciudadanía tiene derecho a conocer cuáles son los objetivos de la cooperación, qué instituciones participan y qué mecanismos de supervisión existen.
Cuando la información oficial es insuficiente, los rumores encuentran terreno fértil. Una comunicación institucional oportuna puede reducir la desinformación y contribuir a un debate público responsable.
Haití necesita recuperar sus instituciones
La crisis haitiana no encontrará una solución duradera únicamente mediante operaciones de seguridad.
La recuperación del control territorial debe acompañarse de justicia, fortalecimiento policial, instituciones funcionales y condiciones para que la población pueda desarrollar su vida sin amenazas.
La resolución 2829 (2026) del Consejo de Seguridad de la ONU extendió hasta el 31 de marzo de 2027 el mandato de la Fuerza de Supresión de Pandillas, en un contexto en el que la seguridad y la protección de los civiles siguen siendo responsabilidades fundamentales de las autoridades haitianas.
La cooperación internacional tiene que orientarse hacia esos objetivos, procurando proteger a la población civil y respetar los derechos humanos.
Tampoco debemos perder de vista que millones de haitianos son víctimas de las organizaciones criminales y no responsables de las acciones de sus cabecillas.
Una política dominicana firme frente a las amenazas debe ser compatible con una relación respetuosa hacia el pueblo haitiano.
Una política de Estado que trascienda las coyunturas
La seguridad fronteriza, la cooperación internacional y las relaciones con Haití no deben depender exclusivamente de los acontecimientos de cada semana.
República Dominicana necesita mantener una estrategia de Estado basada en instituciones sólidas, coordinación diplomática, vigilancia fronteriza y objetivos verificables.
El debate público debe examinar los resultados de esa estrategia, sus costos, sus beneficios y los mecanismos de rendición de cuentas.
Desde Diario El Caribeño consideramos que República Dominicana puede contribuir a la estabilidad regional sin comprometer su soberanía. La clave está en que cada decisión tenga fundamento legal, objetivos definidos y supervisión institucional.
La cooperación responsable no se mide solamente por la cantidad de recursos movilizados, sino por su capacidad de producir seguridad, estabilidad y confianza.
Defender la nación también significa explicar con claridad las decisiones que se toman en su nombre.







