El tránsito en República Dominicana dejó hace tiempo de ser solamente un problema de movilidad. Hoy es también un problema de calidad de vida, productividad, seguridad vial y convivencia ciudadana.
Cada día, demasiados dominicanos pierden una parte importante de su tiempo atrapados en congestionamientos, enfrentando intersecciones bloqueadas, motocicletas que circulan en vía contraria, vehículos sin iluminación adecuada, maniobras imprudentes y un transporte colectivo que todavía no ofrece, en todas las zonas, la previsibilidad que necesita el ciudadano.
Lo más preocupante es que hemos comenzado a acostumbrarnos.
Y cuando una sociedad se acostumbra al desorden, corre el riesgo de aceptarlo como si fuera inevitable.
No lo es.
No basta con mover conos
Contraflujos, cambios de giro, restricciones horarias y operativos puntuales pueden aliviar determinados puntos críticos. Son herramientas válidas cuando responden a planificación y evaluación.
Pero el problema del tránsito dominicano no se resolverá únicamente moviendo conos de un lugar a otro.
Hace falta una política sostenida que combine planificación urbana, transporte colectivo eficiente, fiscalización permanente, educación vial, inspección técnica vehicular, tecnología y consecuencias reales para quienes convierten las calles en territorio sin reglas.
La propia estructura legal del país reconoce esa visión integral. La Ley 63-17 y los planes estratégicos del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) colocan bajo una misma política la movilidad, el transporte terrestre, la regulación y la seguridad vial. El desafío no es solamente tener normas: es lograr que funcionen de manera coherente y constante.
El conductor que se desplaza correctamente también tiene derechos. Tiene derecho a no encontrarse de frente con una motocicleta que circula en dirección contraria. Tiene derecho a que los vehículos que transitan de noche tengan luces. Tiene derecho a que una intersección no quede bloqueada porque alguien decidió avanzar aun sabiendo que no podía cruzarla.
Y tiene derecho, sobre todo, a llegar vivo a su destino.
El desorden también cuesta dinero
Cuando hablamos de tránsito solemos pensar primero en el tiempo perdido. Pero detrás de cada congestionamiento existe también un costo económico.
Hay horas laborales desperdiciadas, combustible consumido sin avanzar, mercancías que llegan tarde, empresas que necesitan más tiempo para movilizar productos y trabajadores que comienzan o terminan sus jornadas agotados por desplazamientos innecesariamente largos.
Una ciudad congestionada no es solamente incómoda. También es menos productiva.
Por eso ordenar el tránsito debe asumirse como una política pública con impacto económico. Mejorar la movilidad significa recuperar tiempo para producir, estudiar, descansar y compartir en familia.
Las motocicletas requieren una política seria y permanente
No se puede hablar de seguridad vial en República Dominicana sin abordar el papel de las motocicletas.
Los motores cumplen una función fundamental en la movilidad y representan una fuente de trabajo para miles de familias. Precisamente por su enorme presencia en las calles, necesitan mayor regulación, formación y control.
Circular por las aceras, conducir en vía contraria, ignorar semáforos o desplazarse de noche sin iluminación adecuada no puede seguir tratándose como una travesura vial. Son conductas que ponen en peligro al motorista, al peatón y a los demás conductores.
La fiscalización tiene que ser firme, pero también constante. Un operativo intenso durante algunos días, seguido de largos períodos sin vigilancia, difícilmente cambia hábitos.
El orden se construye cuando el ciudadano sabe que la norma se aplica todos los días y para todos.
La educación vial debe comenzar antes de obtener una licencia
También debemos reconocer una realidad incómoda: muchas de las malas prácticas que vemos en las calles forman parte de una cultura que el país ha tolerado durante demasiado tiempo.
Aprender a respetar una señal de tránsito no debería comenzar cuando una persona solicita una licencia de conducir.
La educación vial debería formar parte del aprendizaje ciudadano desde la escuela. Respetar un semáforo, usar el cinturón de seguridad, comprender el riesgo de conducir bajo los efectos del alcohol, proteger al peatón y reconocer las consecuencias de una maniobra imprudente son conocimientos básicos de convivencia.
No se trata únicamente de memorizar señales. Se trata de entender que la vía pública es un espacio compartido y que cada decisión al volante puede afectar la vida de otra persona.
Sin transporte público confiable, habrá más vehículos privados
Existe otra realidad que no podemos ignorar: mientras una parte importante de la población sienta que necesita un vehículo privado para trasladarse de manera digna y predecible, la presión sobre las calles seguirá aumentando.
República Dominicana ha avanzado con sistemas como el Metro de Santo Domingo, el Teleférico y corredores de transporte. Ese camino debe profundizarse con integración, frecuencia, seguridad, cobertura y capacidad para que el ciudadano pueda confiar realmente en el transporte colectivo.
El principio es sencillo: cada persona que decide dejar su automóvil en casa porque dispone de una alternativa segura y eficiente representa un vehículo menos ocupando espacio en las vías.
Un buen sistema de transporte público no beneficia únicamente a quien no posee automóvil. También mejora la movilidad de quien sí lo tiene.
El orden no es persecución
En ocasiones, cuando las autoridades intentan imponer controles, algunas personas interpretan las medidas como una persecución al conductor o al motorista.
Esa mentalidad tiene que cambiar.
Exigir luces, licencia, casco, seguro, respeto a los semáforos y cumplimiento de las normas no es perseguir al ciudadano. Es protegerlo.
Una sociedad organizada necesita reglas, pero las reglas solamente funcionan cuando se aplican con consistencia, sin privilegios y con consecuencias previsibles para quien las viola.
Recuperar nuestras calles
República Dominicana necesita una política vial sostenida, no una sucesión de operativos temporales.
Necesita tecnología para fiscalizar, planificación para reducir los puntos de congestión, transporte público confiable, infraestructura adaptada al crecimiento urbano y una ciudadanía dispuesta a respetar las normas.
Pero, sobre todo, necesita dejar de aceptar como normal aquello que claramente no lo es.
No es normal tardar horas en recorrer distancias que deberían tomar una fracción de ese tiempo. No es normal encontrar motocicletas desplazándose por las aceras. No es normal conducir de noche junto a vehículos sin luces. No es normal que las calles parezcan una competencia en la que obtiene ventaja quien viola más reglas.
Ordenar el tránsito no significa únicamente llegar más rápido.
Significa vivir mejor. Significa reducir riesgos. Significa aumentar productividad. Significa devolverle tiempo a las familias.
Porque cada hora que un ciudadano pierde innecesariamente atrapado en el caos es una hora que no vuelve.
Y República Dominicana ya ha perdido demasiadas.
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