
La decisión marca una nueva etapa en uno de los procesos judiciales de mayor impacto relacionados con la gestión del sistema de semáforos del Gran Santo Domingo.
Santo Domingo. La jueza del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional dispuso este viernes la apertura a juicio de fondo contra el exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, el empresario José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez) y los demás imputados en el expediente relacionado con la modernización de la red semafórica del Gran Santo Domingo.
La decisión fue emitida tras concluir el conocimiento de la fase preliminar del proceso, en la que el tribunal evaluó las pruebas presentadas por el Ministerio Público y los argumentos de la defensa.

Caso pasa a etapa de juicio
Con esta decisión, el expediente será remitido a un tribunal de juicio, donde se conocerá el fondo de las acusaciones formuladas por el Ministerio Público.
Las autoridades sostienen que durante el proceso de contratación y ejecución del proyecto de modernización semafórica se habrían producido irregularidades que comprometen la responsabilidad de varios de los involucrados.
La acusación incluye señalamientos relacionados con presunta corrupción administrativa, fraude, asociación de malhechores y otras infracciones contempladas en la legislación dominicana.
Contrato millonario bajo investigación
El caso tiene su origen en el contrato suscrito para la modernización de la red de semáforos del Gran Santo Domingo, un proyecto valorado en más de RD$1,300 millones.
Las investigaciones del Ministerio Público apuntan a supuestas irregularidades ocurridas durante el proceso de adjudicación, ejecución y supervisión de los trabajos tecnológicos destinados a mejorar la movilidad urbana.
Además de Hugo Beras y Jochi Gómez, el expediente involucra a otros exfuncionarios, técnicos y representantes de empresas vinculadas al proyecto.
Ministerio Público sostiene acusación
Durante la fase preliminar, los fiscales defendieron la existencia de suficientes elementos probatorios para justificar la apertura de un juicio de fondo.
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Dirección General de Persecución sostienen que cuentan con evidencias documentales, periciales y testimoniales para sustentar las acusaciones formuladas en el expediente.
Por su parte, los abogados de la defensa han rechazado los señalamientos y sostienen que sus representados actuaron dentro del marco legal.
Uno de los casos más relevantes del año
La decisión judicial convierte al caso Intrant en uno de los procesos de corrupción administrativa más importantes que actualmente cursan en los tribunales dominicanos.
El juicio de fondo permitirá determinar si los acusados son responsables o no de los hechos imputados y si existen méritos para la imposición de sanciones penales.
La apertura del juicio mantiene la atención pública sobre un caso que involucra recursos millonarios, tecnología vial y uno de los proyectos de movilidad urbana más importantes ejecutados en los últimos años en la República Dominicana.









