La contaminación sónica dejó hace mucho tiempo de ser una simple molestia entre vecinos. Cuando las autoridades reportan decenas de miles de denuncias por ruido, estamos frente a un problema de convivencia, autoridad y respeto a la ley.
Hay una escena que se repite todas las noches en algún barrio dominicano.
Una persona quiere dormir.
Otra decidió que todo el sector tiene que escuchar la música que a ella le gusta.
No importa si mañana el vecino trabaja.
No importa si hay un niño durmiendo.
No importa si vive allí un envejeciente, una persona enferma o un estudiante que tiene clases temprano.
La bocina manda.
Y los demás aguantan.
El procurador especializado para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, Francisco Contreras Núñez, informó que durante 2026 se han recibido alrededor de 87 mil denuncias por contaminación sónica en República Dominicana, según declaraciones recogidas por Diario Libre este 6 de octubre.
Ochenta y siete mil.
La cifra corresponde al reporte divulgado por ese funcionario. No debe confundirse con los 101,743 avisos por ruido que el Sistema 911 contabilizó en Santo Domingo entre enero y el 23 de septiembre: son registros institucionales y períodos de corte distintos que no pueden sumarse ni compararse directamente sin una explicación metodológica.
Pero ninguno de los dos datos permite despachar el problema diciendo que a los dominicanos nos gusta la música.
El problema no es la música
Nos gusta celebrar.
Nos gusta bailar.
Nos gusta reunirnos.
Y nada de eso está mal.
El problema comienza cuando confundimos libertad con hacer lo que nos dé la gana.
Usted tiene derecho a escuchar música.
Pero su vecino también tiene derecho a dormir.
Tiene derecho a descansar dentro de su casa.
Tiene derecho a no tener las paredes vibrando a las dos de la madrugada porque alguien decidió convertir una marquesina, un vehículo o un colmado en una discoteca.
La convivencia comienza precisamente cuando entendemos que nuestros derechos terminan donde comienzan los del otro.
87 mil denuncias también hablan del Estado
Pero sería demasiado fácil responsabilizar únicamente al ciudadano ruidoso.
Hay otra pregunta.
¿Cómo llegamos a semejante cantidad de reportes?
Tenemos leyes.
Tenemos Policía.
Tenemos autoridades municipales.
Tenemos organismos ambientales.
Tenemos sanciones.
Tenemos operativos.
La Ley 90-19, que modifica la Ley 287-04, establece disposiciones para prevenir, suprimir y limitar los ruidos nocivos y molestos. No estamos hablando de un vacío legal absoluto.
Entonces, ¿por qué el problema continúa?
Una norma que existe pero que solamente se aplica algunas veces termina convirtiéndose en una recomendación.
Y una autoridad que aparece cuando el conflicto ya explotó llega demasiado tarde.
Del ruido a la violencia hay pocos pasos
El ruido parece un problema menor hasta que deja de serlo.
Primero alguien pide que bajen la música.
Después vuelve a pedirlo.
Llama a las autoridades.
La música continúa.
Comienza una discusión.
Aparecen amenazas.
Y una disputa que pudo resolverse haciendo cumplir una norma puede terminar convertida en un problema policial.
Por eso combatir la contaminación sónica también es una forma de prevenir conflictos.
No deberíamos esperar que dos vecinos estén enfrentados para intervenir.
Aquí también se mide la autoridad
Nos gusta hablar de institucionalidad cuando discutimos grandes reformas, corrupción o política.
Pero la fortaleza de un Estado también se mide en cosas mucho más pequeñas.
En poder dormir.
En caminar por una acera.
En conducir sin que otro se lleve la luz roja.
En saber que una denuncia tendrá respuesta.
La autoridad se construye precisamente en esas pequeñas reglas que organizan la vida cotidiana.
Si el ciudadano aprende que puede violarlas sin consecuencias, aprende algo todavía más peligroso:
Que cumplir la ley es opcional.
La solución tampoco puede ser un operativo de temporada
No necesitamos una guerra contra la música.
Necesitamos reglas permanentes.
Fiscalización constante.
Medición objetiva de los niveles de ruido.
Sanciones proporcionales conforme a la ley.
Consecuencias para los reincidentes.
Responsabilidad de negocios y establecimientos.
Y capacidad real de respuesta cuando un ciudadano denuncia.
Porque los cerca de 87 mil reportes citados por la Procuraduría no significan simplemente que tenemos demasiadas bocinas.
Significan que las autoridades han recibido decenas de miles de alertas por un mismo problema: el ruido que invade la tranquilidad de los ciudadanos. No sabemos cuántas corresponden a personas o episodios diferentes, pero sí sabemos que el reclamo merece atención.
La convivencia no debería ser tan complicada.
Escuche su música.
Celebre.
Baile.
Disfrute.
Pero recuerde algo elemental:
Su música termina donde comienza el derecho de su vecino a dormir.
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