Por Letty Rosamon
Santo Domingo. La historia suele juzgar a los gobiernos por las grandes obras que dejan como legado: carreteras, hospitales, escuelas o proyectos de infraestructura. Sin embargo, el verdadero impacto de una administración pública trasciende las construcciones físicas y se mide por su capacidad para fortalecer las instituciones del Estado y mejorar de manera sostenible la calidad de vida de la población.
Durante una reciente entrevista concedida a la periodista Edith Febles, el presidente Luis Abinader expresó que aspira a concluir su mandato dejando una República Dominicana con instituciones más sólidas y una reducción significativa de la pobreza. Se trata de una visión que plantea un desafío de largo plazo y que obliga a analizar no solo las metas anunciadas, sino también las condiciones necesarias para alcanzarlas.
Instituciones fuertes para un desarrollo sostenible
La experiencia internacional demuestra que ningún país logra un crecimiento económico duradero sin instituciones capaces de garantizar transparencia, estabilidad jurídica y eficiencia en la administración pública.
Cuando los organismos del Estado funcionan con independencia, profesionalismo y mecanismos efectivos de control, aumenta la confianza de los ciudadanos y de los inversionistas, se fortalecen las finanzas públicas y se crean mejores condiciones para el desarrollo.
En ese contexto, el fortalecimiento institucional no constituye únicamente una reforma administrativa. Representa una herramienta para garantizar igualdad de oportunidades, reducir la corrupción y asegurar que los recursos públicos lleguen a quienes realmente los necesitan.
Reducir la pobreza requiere políticas sostenibles
La disminución de los niveles de pobreza depende de múltiples factores que van más allá del crecimiento económico.
La generación de empleos formales, la mejora de la educación, el acceso a servicios de salud de calidad y la implementación de programas sociales eficientes forman parte de una estrategia integral que debe sostenerse durante varios años para producir resultados permanentes.
Asimismo, las reformas económicas y fiscales solo alcanzan legitimidad cuando sus beneficios se traducen en mejores servicios públicos y mayores oportunidades para la población.
El papel de las políticas públicas
Las transformaciones estructurales requieren planificación, continuidad y una adecuada administración de los recursos del Estado.
En ese sentido, programas dirigidos a la protección social, el fortalecimiento de la educación técnica, la capacitación laboral y el desarrollo comunitario pueden contribuir a disminuir la pobreza cuando forman parte de una estrategia coordinada y basada en evidencia.
De igual manera, la profesionalización del servicio público y el fortalecimiento de los órganos de fiscalización resultan fundamentales para garantizar la transparencia y el uso eficiente de los fondos públicos.
Una responsabilidad compartida
La construcción de instituciones sólidas y una sociedad con menores niveles de pobreza no depende exclusivamente del Gobierno.
El Congreso Nacional, los gobiernos locales, el sector privado, las universidades, las organizaciones sociales y la ciudadanía desempeñan un papel esencial en la consolidación de políticas públicas que trasciendan los períodos gubernamentales.
Los grandes desafíos nacionales requieren consensos amplios que permitan dar continuidad a las iniciativas que generan resultados positivos para el país.
El reto de construir un legado
Toda administración aspira a dejar una huella en la historia. Sin embargo, el verdadero legado no se limita a las obras inauguradas, sino a la capacidad de construir un Estado más eficiente, transparente y cercano a las necesidades de la población.
Reducir la pobreza y fortalecer las instituciones constituyen objetivos que benefician a toda la sociedad y que deberían convertirse en una política de Estado, independientemente de quién ocupe el poder.
Más allá de las diferencias políticas, el desarrollo sostenible solo será posible si estos propósitos logran mantenerse como prioridades permanentes de la agenda nacional.
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