San Cristóbal.– El caso de los menores rescatados en una fundación de Haina dio un nuevo giro este jueves, luego de que la parte acusadora informara que la calificación jurídica preliminar incluye ahora trata de personas con fines de explotación laboral, mientras la audiencia de medida de coerción fue aplazada para el próximo 10 de septiembre.
La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de San Cristóbal decidió posponer el conocimiento de la solicitud de prisión preventiva contra Ángel Gabriel Capellán, conocido como “El Pastor” o “Capellán”, e Isaías Ramón Muñoz Rodríguez.
El aplazamiento permitirá avanzar con diligencias pendientes, entre ellas el anticipo de prueba de los menores involucrados, de acuerdo con informaciones ofrecidas durante la audiencia.
Fiscalía amplía el enfoque penal del caso
Hasta ahora, el Ministerio Público había presentado el expediente principalmente bajo señalamientos de presunto maltrato físico y psicológico y trabajo o servicio forzado contra niños, niñas y adolescentes que permanecían en un inmueble donde operaba la Fundación Restaurando Vida (Un Muerto que Revive), en Bajos de Haina.
Este jueves, la parte acusadora informó que la calificación jurídica preliminar contempla además trata de personas con fines de explotación laboral.
Se trata de una calificación provisional que deberá ser sustentada con pruebas durante el proceso y que puede variar conforme avance la investigación.
Audiencia fue aplazada para el 10 de septiembre
La audiencia de coerción, originalmente fijada para este jueves 3 de septiembre, fue reprogramada para el jueves 10.
Entre las razones del aplazamiento figura la necesidad de conocer anticipos de prueba de los menores y completar otras diligencias relacionadas con el proceso.
La defensa también tendrá oportunidad de depositar los presupuestos y elementos que utilizará en su estrategia antes de que el tribunal decida sobre la solicitud de prisión preventiva.
Expediente incorpora evaluaciones del menor que escapó
La investigación se inició después de que un menor de 12 años escapara del lugar y acudiera a un destacamento policial en busca de ayuda.
Según documentos citados del expediente, una evaluación médico-legal habría identificado múltiples lesiones cicatrizadas con patrón compatible con golpes de cinturón, así como quemaduras de segundo grado en el dorso de ambas manos.
La entrevista psicológica forense recogida por el Ministerio Público también atribuye al menor relatos de presuntos castigos físicos, privación de alimentos, aislamiento y trabajos forzados.
Estas informaciones forman parte de la acusación y de las diligencias investigativas y deberán ser examinadas y debatidas judicialmente.
Dos hombres permanecen imputados
El Ministerio Público mantiene como imputados a Ángel Gabriel Capellán e Isaías Ramón Muñoz Rodríguez.
A Capellán se le atribuye haber mantenido bajo su control a los menores en el espacio investigado. En el caso de Muñoz Rodríguez, la Fiscalía sostiene que habría trasladado a varios menores hacia otra vivienda después de enterarse de la detención de Capellán.
Ambos conservan la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia definitiva.
Persisten diferencias sobre la cifra de menores
Las primeras informaciones oficiales hablaron de 14 menores puestos bajo protección, incluyendo al niño que escapó y alertó a las autoridades. Sin embargo, la solicitud de medida de coerción se refiere al rescate de 13 menores durante los allanamientos posteriores.
La diferencia parece responder a que el menor que originó la denuncia ya se encontraba bajo protección cuando se realizaron los operativos, por lo que algunas fuentes contabilizan 13 rescatados en los allanamientos y otras 14 personas menores de edad involucradas en total.
El caso entra en una fase judicial más delicada
El nuevo enfoque de la Fiscalía eleva la complejidad del expediente, porque ya no se investiga únicamente un posible escenario de maltrato infantil, sino también una eventual estructura de explotación laboral de menores.
La audiencia del 10 de septiembre será clave para conocer qué elementos presenta el Ministerio Público para sostener la solicitud de prisión preventiva y cómo responde la defensa a la ampliación de la imputación.
Hasta entonces, las acusaciones permanecen bajo investigación y deberán ser probadas ante los tribunales.
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