Por: Letty Rosamón
El sistema agroexportador de la República Dominicana ha recibido una seria señal de alerta que trasciende el plano del intercambio comercial para instalarse en el debate sobre la eficiencia y la continuidad de nuestras políticas públicas de sanidad vegetal.
La reciente decisión del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), ejecutada a través de su Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal (APHIS), de suspender temporalmente la importación de mangos frescos procedentes del territorio nacional, ha generado una natural preocupación en el sector productivo. Es imperativo precisar con transparencia que esta medida restrictiva no responde a la detección de un brote imprevisto o repentino de una nueva plaga en las plantaciones locales; obedece, por el contrario, a observaciones técnicas acumuladas sobre el incumplimiento y el descuido en los protocolos de inspección y monitoreo de la mosca de la fruta (específicamente de las especies Anastrepha obliqua y Ceratitis capitata).
Las autoridades estadounidenses venían advirtiendo sobre estas debilidades fitosanitarias en los programas de preinspección y en la colocación reglamentaria de las trampas de captura, configurando un escenario donde la falta de un seguimiento burocrático riguroso y la discontinuidad técnica terminaron por erosionar la confianza de nuestro principal socio comercial internacional.
Para comprender el trasfondo institucional de esta disposición, resulta indispensable analizar el funcionamiento de los acuerdos de comercio agrícola internacional. El acceso a mercados regulados de alta exigencia, como el norteamericano, está estrictamente supeditado a una supervisión en el terreno que demuestre de forma verificable que el país exportador mantiene un control efectivo sobre los vectores biológicos capaces de amenazar la producción interna del país receptor.
Al constatarse deficiencias en el mantenimiento y la georreferenciación de las más de dos mil trampas de monitoreo que operan en zonas estratégicas —como la provincia Peravia, responsable de aproximadamente el ochenta por ciento de los envíos hacia Estados Unidos—, el organismo federal estadounidense aplicó los mecanismos de salvaguarda contemplados en sus normativas comerciales bilaterales.
Aunque el Ministerio de Agricultura ha aclarado oportunamente que entre el ochenta y cinco y el noventa por ciento de la zafra de la variedad de cáscara amarilla ya había sido exitosamente despachada antes del cierre aduanero, la imposición de la veda en el tramo final de la temporada expone las costosas consecuencias de la desatención institucional y la urgencia de profesionalizar de manera permanente las agencias responsables de la inocuidad agroalimentaria.
Las repercusiones de esta decisión golpean de forma directa la economía de las comunidades rurales y la reputación de la marca país en el exterior. Un rubro agrícola que generó más de cincuenta millones de dólares durante el pasado ejercicio fiscal se enfrenta ahora a pérdidas inmediatas estimadas en noventa millones de pesos por parte de los productores de Baní, quienes asisten en las últimas horas a un desplome del cincuenta por ciento en los precios de la fruta en el mercado local debido a la sobreoferta interna provocada por el excedente no exportable.
Más allá de la contracción financiera coyuntural del presente año, el impacto más preocupante radica en el daño a la credibilidad de las certificaciones dominicanas, lo que incrementa el riesgo de que las autoridades sanitarias internacionales sometan a un mayor escrutinio otros rubros agrícolas clave, como el banano o los vegetales de invernadero.
La respuesta del Estado, liderada por el Ministerio de Agricultura mediante la remoción de mandos técnicos, la designación de nuevas coordinaciones de monitoreo y la inspección del cien por ciento de las trampas de captura en las fincas vinculadas a la exportación, representa un plan correctivo indispensable para restablecer las condiciones fitosanitarias exigidas.
El éxito de esta política de mitigación dependerá de que tanto los gobiernos locales como la administración central comprendan que la bioseguridad agrícola exige una gobernanza continua, que no dependa de reacciones improvisadas ante las crisis. Solo así podrá garantizarse que el rigor técnico en el campo siga operando como el principal escudo protector del patrimonio agropecuario, la confianza de los mercados internacionales y el desarrollo sostenible de la nación dominicana.
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