Santo Domingo. La entrada en vigencia de la Ley 30-26 deja atrás el debate legislativo y comienza a sentirse en la economía cotidiana de miles de dominicanos. Desde mayores costos en transacciones bancarias hasta nuevas contribuciones para empresas y profesionales independientes, las disposiciones de la normativa introducen cambios que tendrán un impacto directo en ciudadanos, comercios y sectores productivos.
Uno de los primeros efectos será el aumento en el costo de las operaciones bancarias. La tasa aplicada a las transferencias electrónicas y la emisión de cheques pasa del 0.15 % al 0.20 %, lo que incrementa el costo de realizar movimientos financieros habituales para personas y empresas.
Los viajeros también enfrentarán un mayor gasto. La tasa de salida aérea aumenta de US$20 a US$30 por pasajero, encareciendo el costo final de los boletos internacionales. Asimismo, los cigarrillos electrónicos o vapes pasan a estar gravados con el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC).
Cambios para profesionales independientes
La ley también modifica el tratamiento tributario de quienes ejercen actividades profesionales por cuenta propia. Contadores, abogados, ingenieros, técnicos y otros prestadores de servicios verán incrementada la retención del Impuesto Sobre la Renta (ISR) del 10 % al 15 % sobre los pagos recibidos, salvo en los servicios prestados directamente al Estado, donde se mantiene la retención del 5 %.
Este ajuste también alcanza a propietarios que reciben ingresos por alquileres y a otros contribuyentes sujetos a este régimen de retención.
Más impuestos para sectores específicos
La legislación contempla incrementos en la tributación aplicable a bancas de lotería, bancas deportivas, casinos y máquinas tragamonedas, mientras que las empresas con facturación superior a RD$1,000 millones anuales asumirán temporalmente una tasa impositiva del 30 % durante los próximos tres años.
El impuesto que genera mayor debate
Uno de los aspectos más discutidos de la Ley 30-26 es la creación de la Contribución Especial Obligatoria para la Gestión Integral de Residuos Sólidos, conocida popularmente como el «impuesto a la basura».
La contribución establece un pago anual obligatorio para las sociedades comerciales, independientemente de que hayan obtenido ganancias o incluso cuando se encuentren inactivas. Las empresas con ingresos de hasta RD$5 millones anuales deberán pagar RD$5,000 al año, mientras que las cuotas aumentan progresivamente para pequeñas, medianas y grandes empresas. El pago puede realizarse en dos cuotas semestrales.
Impacto en las Mipymes
Especialistas consideran que esta nueva obligación representa uno de los mayores retos para las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), debido a que implica asumir un costo fijo aun cuando el negocio no registre utilidades.
La entrada en vigor de estas medidas abre un nuevo debate sobre el equilibrio entre las necesidades de recaudación del Estado y la capacidad económica de ciudadanos y empresas para asumir mayores cargas tributarias en un contexto de desafíos para el comercio y la actividad productiva.
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