República Dominicana necesita una Ley de Libertad Religiosa moderna
Durante los últimos días se ha generado un intenso debate sobre el manejo de los recursos económicos de algunas organizaciones religiosas. Las investigaciones periodísticas han provocado opiniones encontradas: mientras unos consideran que existe una persecución contra las iglesias, otros entienden que el Estado ha sido demasiado permisivo con instituciones que administran importantes cantidades de dinero.
A mi juicio, ambas posiciones se quedan cortas porque el verdadero debate no gira en torno a la fe ni a las iglesias. La discusión de fondo es si la República Dominicana cuenta con un marco jurídico moderno que permita proteger plenamente la libertad religiosa y, al mismo tiempo, garantizar la transparencia cuando una organización administra recursos de gran magnitud.
Conviene dejar algo claro desde el principio. Plantear este debate no significa limitar la libertad de cultos ni modificar el Concordato entre el Estado dominicano y la Santa Sede. Tampoco implica afirmar que todas las iglesias actúan de manera irregular. Sería una conclusión injusta y alejada de la realidad. Miles de iglesias realizan una labor espiritual, educativa y social invaluable en todo el país.
Sin embargo, también es cierto que existen antecedentes, tanto en República Dominicana como en otras naciones, donde algunas organizaciones religiosas han sido utilizadas para ocultar recursos de origen ilícito o facilitar operaciones financieras irregulares. Estos casos no convierten a todas las iglesias en sospechosas, pero sí obligan al Estado a preguntarse si dispone de las herramientas legales suficientes para prevenir esos riesgos.
Una legislación moderna no significa menos libertad
La experiencia internacional demuestra que es posible proteger la libertad religiosa sin renunciar a la transparencia institucional.
Colombia constituye un ejemplo interesante. Mediante la Ley Estatutaria 133 de 1994 desarrolló el derecho a la libertad religiosa estableciendo reglas claras para el reconocimiento de las entidades religiosas y su relación con el Estado bajo un principio de igualdad entre todas las confesiones. Esa legislación no persigue ninguna religión ni limita la práctica de la fe; simplemente organiza su marco jurídico.
En República Dominicana seguimos dependiendo principalmente del artículo 45 de la Constitución y del Concordato con la Santa Sede. Ambos instrumentos mantienen plena vigencia y continúan siendo fundamentales para garantizar la libertad religiosa. No obstante, fueron concebidos en un contexto muy distinto al actual, cuando muchas organizaciones religiosas no administraban los niveles de recursos ni desarrollaban el alcance institucional que poseen hoy.
Actualmente existen iglesias que gestionan centros educativos, programas sociales, proyectos comunitarios, donaciones nacionales e internacionales y un importante patrimonio inmobiliario. Esa realidad hace legítimo abrir una discusión sobre la conveniencia de actualizar el marco legal.
Transparencia para fortalecer la confianza
Una eventual Ley de Libertad Religiosa moderna podría construirse mediante un amplio consenso entre iglesias, juristas, especialistas en prevención del lavado de activos, académicos y organizaciones de la sociedad civil.
Su objetivo no sería intervenir en la doctrina religiosa, sino establecer reglas claras para fortalecer la seguridad jurídica y la confianza pública.
Entre otras medidas, podría contemplar:
- Un registro actualizado de entidades religiosas.
- Identificación formal de sus representantes legales.
- Mecanismos de transparencia para organizaciones que administren importantes recursos.
- Coordinación con las autoridades competentes cuando existan investigaciones sustentadas en la legislación vigente y respetando siempre el debido proceso.
También es un debate sobre el periodismo
Este tema también invita a reflexionar sobre la responsabilidad de los medios de comunicación.
Investigar constituye una función esencial en una democracia. Sin embargo, cuando una investigación presenta imágenes o referencias a iglesias o líderes religiosos que no han sido vinculados formalmente a hechos ilícitos, existe el riesgo de que la opinión pública termine confundiendo sospechas con culpabilidades.
La transparencia fortalece a las instituciones; los juicios anticipados, en cambio, pueden debilitarlas.
Un debate que fortalece la democracia
La solución no consiste en enfrentar a las iglesias con el periodismo ni en convertir esta discusión en un conflicto ideológico.
La verdadera oportunidad consiste en construir una legislación moderna que fortalezca simultáneamente la libertad religiosa, la transparencia institucional y la confianza ciudadana.
Las iglesias honestas no tienen nada que perder con reglas claras. Por el contrario, una normativa moderna contribuiría a proteger su credibilidad y evitaría que personas inescrupulosas utilicen la religión para fines distintos a los que realmente representa.
República Dominicana tiene la oportunidad de abrir este debate con serenidad, rigor jurídico y respeto por los derechos fundamentales. Porque proteger la libertad religiosa y promover la transparencia no son objetivos incompatibles. Son dos principios que pueden coexistir y fortalecerse mutuamente en una democracia moderna.
Por Wendy Chevalier
Acerca del autor
