Por: Letty Rosamon
El sistema eléctrico de la República Dominicana continúa siendo uno de los pilares fundamentales para la estabilidad económica de las familias y la competitividad del aparato productivo nacional. Sin embargo, también permanece como uno de los servicios públicos que mayor preocupación genera entre la ciudadanía debido a las constantes quejas por las facturaciones emitidas por las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDES): Edesur, Edeeste y Edenorte.
Más allá de las inconformidades cotidianas, resulta indispensable abrir un debate serio sobre la eficiencia administrativa, la transparencia tarifaria y la responsabilidad institucional que debe caracterizar la gestión de estas empresas estatales. Los usuarios tienen derecho a recibir un servicio confiable, pero también a comprender con claridad cómo se calcula el consumo reflejado en sus facturas.
En los últimos meses, numerosos ciudadanos han denunciado diferencias significativas entre el consumo real de sus hogares y los montos facturados. Ante estos reclamos, con frecuencia reciben explicaciones relacionadas con el aumento de las temperaturas o el mayor uso de electrodomésticos, argumentos que, en muchos casos, no parecen corresponder con el historial de consumo de las viviendas afectadas. Esta situación obliga a fortalecer los mecanismos de medición, auditoría y atención al cliente para garantizar que la facturación responda a criterios técnicos verificables y transparentes.
No obstante, la responsabilidad no recae exclusivamente sobre las distribuidoras. También corresponde a los ciudadanos asumir una actitud vigilante respecto al funcionamiento de sus contadores e instalaciones eléctricas. En distintos sectores persisten prácticas ilegales como las conexiones clandestinas o el denominado «pegarse» del contador de otro usuario, una modalidad de fraude que provoca que familias paguen por una energía que nunca consumieron.
Frente a estas situaciones, denunciar ante la Oficina de Protección al Consumidor de Electricidad (Protecom) y solicitar inspecciones técnicas cuando existan irregularidades constituye una herramienta legítima para defender los derechos de los consumidores y contribuir al saneamiento del sistema eléctrico nacional.
La solución estructural de la crisis eléctrica exige un esfuerzo compartido. Las empresas distribuidoras deben avanzar hacia sistemas modernos de medición inteligente, procesos de facturación transparentes y una atención al usuario más eficiente. Paralelamente, la ciudadanía debe fortalecer una cultura de legalidad, corresponsabilidad y vigilancia permanente sobre el uso de la energía eléctrica.
El futuro del sector eléctrico dependerá de la capacidad de combinar una administración pública eficiente con una ciudadanía consciente de sus derechos y deberes. Solo mediante instituciones transparentes, tecnologías modernas y consumidores informados será posible construir un sistema eléctrico más justo, confiable y sostenible para todos los dominicanos.
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